Los diálogos

Así pues, y a poco que se repase el argumentario de algunos debates parlamentarios, es más que posible que no pocos observadores acaben hechos un lío. Porque cada vez con mayor frecuencia, quienes se oponen a las decisiones mayoritarias de la Cámara -en uso de su derecho y representación- lo hacen alegando "falta de legitimidad" de sus rivales dialécticos a la hora de tomar decisiones. Lo cual es intrínsecamente falso y hasta provocador.

Ítem más: la descalificación se fundamenta cada vez más en la supuesta ausencia de diálogo con partes interesadas en el asunto de que se trate, confundiendo lo aconsejable con lo imperativo. Porque escuchar otras opiniones es mejor que hacer oídos sordos, pero siempre y cuando no se condicionen los resultados a la obligación de aplicar lo contrario de lo que piensa la mayoría. Porque si algo hay esencial en el método democrático es la aceptación de la aritmética que sale de los sufragios.

Ocurre, desde luego, que la oposición -sea cual fuere, como el gobierno- rechaza casi siempre y por sistema lo que proponen sus adversarios. Y queda dicho que ésa es otra característica del modo de hacer parlamentario pero que no puede ni debe alterar lo que en definitiva representa la legitimidad esencial del sistema, que es la que nace del recuento de los votos en los lugares en los que corresponde, sean las urnas o el Parlamento.

Uno de los ejemplos más recientes de la inversión de papeles se acaba de producir en la Cámara gallega durante el inicio de la tramitación de la Lei de Emprego Público. La izquierda se opone al texto, claro, pero explica su rechazo "por falta de diálogo", lo que sorprende a la vista de la relación de contactos que la Xunta dice haber mantenido sobre el proyecto.

Así las cosas, la actitud opositora refuerza otra idea equivocada; la de que los únicos diálogos aceptables son los que dan razón a sus afines y los demás obedecen a un paripé o a una campaña de propaganda, sobre todo si se dan en tiempo electoral. Y eso a pesar de que los proyectos incluyan textos que recogen reivindicaciones incluso históricas de los que ahora los rechazan.

Por ejemplo, en el proyecto de ley de empleo público se elimina el plus vitalicio de altos cargos, se refuerzan los criterios para jefaturas y la profesionalización en áreas hasta ahora "propias" de políticos transeúntes. Y eso -aparte de otros datos de un extenso catálogo- no es privatizar, aunque sí recortar privilegios -que no funciones- a colectivos que se creen -sin razón legal alguna- los amos de la Administración. Y que en Galicia, ejercen también de modo indebido, como contraponer.

¿No...?