Conflicto en A Caeira

La semana estuvo marcada por el conflicto que mantienen desde hace años la Comunidad de Montes de San Salvador con el Concello de Poio por la titularidad de una parcela de unas 30 hectáreas en A Caeira donde se han construido cerca de 300 viviendas y un colegio privado. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anula el deslinde aprobado en 2009 para dar la razón a los comuneros al ampliar la zona comunal, ha llevado una gran preocupación a estas familias que temen por sus casas. También se ven seriamente afectados aquellos otros propietarios de solares sin edificar y que podrían acabar perdiéndolos.

Las discrepancias entre comuneros y Concello por el solar que los primeros consideraban suyo y la administración local catalogó como un terreno perteneciente en su día al marqués de Riestra, tiene sus víctimas que son quienes menos culpa tienen en todo este conflicto: los propietarios de las viviendas, la mayoría construidas hace décadas. Dificilmente podrían imaginarse en su momento que las casas en las que formaron su hogar terminarían por estar en entredicho. Máxime cuando desde el propio Ayuntamiento se recogió en el PXOM de 2000 que todos estos terrenos ahora en disputa eran urbanizables.

La solución se antoja difícil y más tras la pretensión de los comuneros de cobrar una indemnización a los residentes en la zona para acabar con este enfrentamiento surrealista.A nadie le puede resultar satisfactorio tener que pagar por algo que hasta ahora era suyo por ley. Por eso, setenta vecinos ya han recurrido la sentencia del TSXG.

Se antoja que la pelea proseguirá por la vía judicial, pero lo ocurrido con las instalaciones de la Brilat crea un precedente que podría acabar causando mucho daño a demasiadas familias inocentes. Si bien es cierto que la sentencia del TSXG no pone en cuestión por el momento la titularidad de los terrenos (y que esta tendría que pasar todavía por el filtro del Supremo si se aceptan los recursos), bien podría abrir la puerta a que los comuneros acudieran con ella al orden civil en los juzgados para reclamar la propiedad de los terrenos sobre los que muchos vecinos han construido su hogar, un punto al que nadie parece querer llegar, de ahí la importancia de lograr un consenso.

Acierta al decir la presidenta de los comuneros que ambas partes deben llegar a un acuerdo cuanto antes porque prolongar esta situación supondrá importantes gastos para los dos bandos. La solución se antoja realmente complicada por la colisión de intereses en juego, para los vecinos de este barrio residencial por un lado y para los comuneros por el otro.

Generosidad es lo que habría que pedir en la búsqueda de una solución para este enfrentamiento y debe ser el Concello de Poio quien tome la iniciativa y haga de mediador para alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto causado precisamente por la administración local. Parece claro que si alguien tiene que asumir la responsabilidad en todo este proceso es el Concello y no los vecinos de A Caeira a los que sin comerlo ni beberlo les espera desgraciadamente un largo periodo de incertidumbre.

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