Los privilegios

A estas alturas, y acerca del llamado caso Pokemon, no es posible ignorar más no sólo el tiempo que lleva la instrucción en marcha sino, en ese marco, la para muchos desmesurada duración del secreto del sumario. Y, ya puestos, anotar la desigualdad -y por tanto la injusticia- entre unos imputados y otros: los aforados llegan a instancia superior, y los demás se quedan donde están, bastantes de ellos alegando indefensión.

El panorama, por sí mismo, justifica la revisión de los privilegios que unos políticos tienen aquí -diputados de todo tipo, senadores, etcétera- y otros no: alcaldes o miembros de los consistorios. Pero la cuestión no se plantea para extender los privilegios aún más de lo que ya están, sino para lo contrario, para retirar la mayor parte de los que hay e igualar por abajo, esta vez en el mejor sentido de la palabra, referida a lo que suele llamarse la gente corriente.

Lo que ocurre ahora es que, cumplido el segundo año, hay quien teme ya que el círculo -vicioso- se prolongue per in saecula saeculorum. Es, por supuesto, un modo de expresión, pero tiene cierta lógica: para quien, imputado, se sepa inocente, parece que los años duren siglos y las continuas -y muchas veces chapuceras- filtraciones, un auténtico linchamiento moral y material, que no podrá compensarse. Y aún los culpables reciben, antes de la sentencia un trato irregular y probablemente injusto.

No debiera olvidarse otro dato, que este periódico recogía no hace mucho referido a la provincia de Ourense pero extensible quizá a las demás. El enjuiciamiento y condena de algunos personajes parece haber desatado una especie de furor por las denuncias, algo positivo si busca reparación del mal causado pero negativo si se hace como vendetta de los que se proclaman perjudicados pero defienden su autoproclamado derecho como los "vigilantes", al margen -si no en contra- de la ley.

Para hilar fino y separar bien el grano de la paja es preciso también que la Justicia garantice que quien la haga la pague y disponga para ello de recursos. Porque mientras muchos de los responsables están pendientes sólo de lo suyo, las Administraciones Públicas -incluida por supuesto la de Justicia- están en entredicho por los defectos que se evidencian en los controles y funcionamiento del sistema.

Nadie que tenga alguna sensatez negará los daños colaterales que, además de para las personas, puede ocasionar en las instituciones lo que está ocurriendo. La merdée, extendida a veces con motivo distinto al que se dice, si no se limpia al sol, adecuadamente en tiempo y forma, sólo mancha, nada repara y además deja un olor que puede impregnar a todos.

¿Eh...?