18 de septiembre de 2014
18.09.2014

A vueltas con la racionalización

18.09.2014 | 01:44
A vueltas con la racionalización

Ya está en vigor la Ley de Racionalización del Sector Público. A pesar de su prometedor nombre la aprobación de esta norma, así como otras de idéntico signo, no está exenta de debilidades. Tomando como base el Informe CORA y sus conclusiones podemos sintetizar sus principales ejes: reordenación de los organismos públicos, racionalización de estructuras públicas y simplificación, sin perjuicio de contemplar también medidas de corte económico y presupuestario, y de reforma del empleo público.

En cuanto a la reordenación de organismos públicos, se pretende garantizar su eficiencia y reducir el gasto público. La existencia de múltiples organismos, también conocidos como "chiringuitos", exigía una revisión en profundidad, revisión que afecta en mayor medida al ámbito socio-cultural y educativo, sin perjuicio de otros como el de defensa; a destacar la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca) de Fundación a Organismo Autónomo.

En segundo lugar, la racionalización de estructuras públicas, es decir, eliminación de duplicidades. En particular en la vertiente territorial, eliminando aquellas que se derivan de la existencia de competencias compartidas entre distintas administraciones en materias tales como educación, cultura, empleo y sanidad, entre otras. Persigue solucionar los problemas derivados de la falta de coordinación de las administraciones en áreas comunes, que impide en muchos casos la creación de las sinergias y la optimización de los recursos públicos existentes, con el consiguiente desperdicio de los mismos.

Y por supuesto, la simplificación de procedimientos y la modernización. Recoge un conjunto de medidas de proyección interna y externa, dirigidas a ciudadanos y empresas, que, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, permita unificar trámites y reducir cargas en distintos sectores. Especial impacto debería tener la creación del tablón edictal único, como mecanismo para acabar con la opacidad en las publicaciones y por tanto en garantía de la participación ciudadana.

No se olvida la ley de la otra constante legislativa, la transparencia. Entre todas merece atención la relativa a un sector bajo sospecha: las subvenciones. Se impone la obligación de hacer públicas todas las subvenciones y ayudas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, continuando con las actuaciones de lucha contra el fraude.

Antes de finalizar, las anunciadas debilidades en dos apuntes críticos. Uno desde el punto de vista del objetivo de la racionalización y otro desde el económico. Desde el punto de vista objetivo, recordar que los principios rectores en el funcionamiento del sector público se encuentran recogidos en nuestra Constitución, por lo que no se trata de seguir con la hiperactividad legislativa, sino de mostrar una voluntad firme para garantizar su cumplimiento, disponiendo las acciones y medios necesarios para garantizar los objetivos fijados.

En cuanto al económico, según las previsiones del gobierno la aplicación de esta ley generará un ahorro estimado en 37.000 millones de euros. Debemos ser escépticos. La reciente experiencia así lo demuestra, a finales de 2013 entraba en vigor la reforma local, también bajo el epítome de la racionalización, previendo un ahorro de 8.000 millones. No parece que esos cálculos vayan a hacerse realidad. Tampoco podemos ser optimistas en la meta que se ha fijado el legislador estatal con el sector público.

Pero no nos confundamos, racionalización, simplificación y eliminación de duplicidades constituyen un buen método para transformar la percepción ciudadana sobre el sector público. Debe dejar de aparecer como una carga burocrática para erigirse en un motor de impulso del desarrollo socio-económico e interlocutor válido de la sociedad civil para articular los nuevos flujos de relaciones marcados por el ritmo de los tiempos. Es el momento de actuar más y legislar menos.

*Secretaria de Administración Local

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook