La imputación de la infanta Cristina por el "caso Nóos" aporta, entre otras muchas cosas, luz a la abdicación de Juan Carlos I, que ha abierto la puerta a "un tiempo nuevo" con la "monarquía renovada" de Felipe VI. Ella y su marido dejan de ser Familia Real, a la cual solo pertenecen el Monarca, su esposa y sus hijas, para ser tan solo familia del Rey. Su ausencia en la ceremonia de proclamación -coherente con haber sido apartados de la vida oficial de Zarzuela desde el 12 de octubre de 2012- perseguiría idéntico fin: alejar lo más posible al matrimonio Urdangarín, o sea, el escándalo, de la Familia Real para minimizar así el daño a la institución.

El juez José Castro acaba de dejar meridianamente claro que quiere llevar a juicio oral a la infanta Cristina por su colaboración en el "caso Nóos", una presunta trama de desvío de varios millones de euros de fondos públicos y fraudes a Hacienda. Para el instructor existen sólidos motivos que incriminan a la duquesa de Palma en las operaciones hechas por su marido, Iñaki Urdangarín, para pagar menos impuestos camuflando ingresos millonarios personales como si fueran servicios prestados por Aizoon S.L., la consultoría cuya propiedad comparte el matrimonio.

Cristina de Borbón tampoco habría puesto reparo, según el juez, a gastarse cientos de miles de euros de Aizoon en fines particulares, como safaris, fiestas infantiles o la decoración de su mansión. Esta actitud sería constitutiva de blanqueo de capitales. Son dos, pues, las acusaciones que afronta la Infanta, delito fiscal y blanqueo de dinero negro, frente a las casi 30 que arrastran su marido y Diego Torres, el ex número dos de Nóos. Contra al auto de fin de instrucción hecho público ayer caben los recursos de reforma, ante el propio Castro, y de apelación, ante la sala segunda de la Audiencia.

Lógicamente varias de las numerosas partes personadas en esta pieza separada del "caso Palma Arena" ejercerán sus derechos e impugnarán una resolución que no ha gustado a muchos, empezando por la propia Fiscalía Anticorrupción, convencida de la inocencia de Cristina de Borbón. Será por tanto la sala segunda de la Audiencia de Palma la que escriba la lista definitiva de aquellos que deban sentarse en el banquillo.

Lo que está claro a la vista del auto es que la Infanta no convenció al juez durante su larga declaración en Palma el pasado enero. Castro quería oír explicaciones, incluso alguna admisión de hechos que, sin ser necesariamente delictivos, arrojasen luz sobre el funcionamiento auténtico de Aizoon. En vez de eso se topó con evasivas y con una encausada ajena a los avatares de este mundo, incluso a los más inocuos, como la manera de contratar a su servicio doméstico, al que supuestamente se quiso pagar en negro y luego se puso en nómina de Aizoon. Cristina de Borbón, por consejo de sus abogados, se desmarcó totalmente de la empresa familiar, pero no consiguió eliminar las sospechas que pesan sobre ella, según la conclusión del juez.

Llegamos a este punto del proceso, y con los indicios que hay sobre la mesa, la mayoría de los expertos coinciden en que se trataría de un caso abocado a sentar a los imputados en el banquillo. Entre otras razones porque la jurisdicción penal da al plenario, al juicio, un papel relevante en el esclarecimiento de los hechos al someter a los acusados al escrutinio de un tribunal imparcial con todas las garantías para su defensa.

Pero Cristina de Borbón ya fue exculpada casi totalmente por la Audiencia en mayo del 2013, cuando un auto de la sala segunda la declaró ajena a las turbiedades del Instituto Nóos. Y en el mundo de la judicatura hay quien sostiene que no cabe el procesamiento de la Infanta sin el respaldo de la Fiscalía o la acusación particular. En cualquier caso, la vista oral ya no sería este año y mucho se tendría que trabajar para que pudiera celebrarse en 2015.

Eso es lo que aún nos queda por saber de los avatares procesales. Porque lo ya conocido es que, con independencia del resultado final, el "caso Nóos" ha supuesto un enorme descrédito para los duques de Palma, ha enturbiado el reinado de Juan Carlos I de manera determinante, sin duda hasta en la abdicación, y ha dañado la imagen de la propia Monarquía como institución.

En fin, si de los errores es de donde más enseñanzas se pueden extraer, sin duda el flamante Felipe VI tiene en el "caso Nóos" un buen manual para instruirse. Y su anuncio de "un tiempo nuevo" y una "monarquía renovada" apunta a que, efectivamente, ha aprendido la lección.