Es cierto, ya nadie lo puede ocultar y mucho menos discutir. La mayoría de los departamentos de servicios sociales municipales de todo el país están desbordados. Cada vez son más las familias en situación de exclusión social y es necesario reordenar estos servicios para dotarlos de mayores competencias, más recursos, una mejor operatividad y que salgan más de los despachos para realizar los trabajos de campo necesarios, observando la realidad social, para que no quede ni una sola familia sin las coberturas básicas: sanidad, educación, alimentación, medicamentos, vivienda, trabajo, Risga, prestaciones no contributivas, salario social...
Los Servicios Sociales nacieron para cubrir las necesidades básicas de ciertos grupos de inmigrantes y colectivos marginales que malvivían de la venta ambulante y la chatarra, principalmente.
Ahora las familias que acuden a estos departamentos ya no son las habituales: hasta hace poco tiempo tenían su trabajo estable, su vivienda digna, disfrutaban de sus vacaciones anuales retribuidas, tenían garantizados sus fines de semana de ocio, y de la noche a la mañana se quedan en paro, sin trabajo, sin negocio o bien les ataca una grave enfermedad y se quedan sin los ingresos necesarios para continuar con su nivel de vida.
Todas estas circunstancias las han llevado a la miseria económica y no ven más salida que acudir al auxilio de la administración pública, que está para garantizar, por otra parte, los recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos y para ayudar a la atención de las necesidades primarias de alimentación, vestido, ajuar doméstico, etc., para todas las familias que las necesiten.
