El pasado 10 de marzo la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC celebraba su patrón en un acto en el que se reivindicaba la necesaria vinculación de la academia al mundo de la práctica y en concreto del binomio investigación educativa y práctica profesional. La mejora de la educación pasa por esa colaboración constructiva y sobre el terreno entre investigadores y profesorado, y en esa dinámica emergen buenas prácticas que caracterizan actualmente el buen hacer de muchos de los centros educativos públicos gallegos. Pero, si la mejora de la educación se asienta sobre este principio ¿cuál debería ser el papel de la administración educativa? A mi juicio, potenciar las buenas prácticas, dotar de recursos significativos al profesorado y a los centros, y en un contexto de crisis como el actual garantizar la igualdad de acceso a una educación pública, gratuita y de calidad.

Si examinamos el anuncio del presidente Feijóo sobre la "puesta en marcha de una plataforma de contenidos curriculares digitales completos, es decir, de las materias de todo el curso, gratuitos para las familias y accesibles sin necesidad de conectividad" podemos pensar tres cosas: 1) que detrás de esta medida no hay otro fundamento que trasladar a la ciudadanía el mensaje engañoso de que en adelante las familias no tendrán que comprar libros de texto y por lo tanto va a producirse un notable ahorro en la economía familiar (teniendo en cuenta lo que supuso eliminar el logro de la gratuidad de los libros de texto). 2) Que esta iniciativa tiene un claro carácter ideológico enmarcado en el involucionista proyecto de la LOMCE (no podemos olvidar que el libro de texto es y ha sido siempre la herramienta por excelencia de control político y presión sobre el profesorado y esta "plataforma de contenidos digitales de las materias de todo el curso" puede no ser más que un paso firme en la política de adoctrinamiento que destila la nueva ley). 3) Que nuestros responsables en materia educativa carecen de conocimiento/asesoramiento técnico alguno en la materia, desconocen por completo las necesidades reales de los centros educativos, no se apoyan en el profesorado poniendo en duda su profesionalidad y su valía suplantándolos en una de sus funciones básicas como es la selección de los contenidos curriculares y la elaboración de los materiales de enseñanza y también olvidan que no todas las familias gallegas disponen de los mismos recursos ("accesible" no significa igualdad de acceso).

Concluyendo: apoyen a los centros educativos diversificando los medios y tecnologías para la enseñanza no homogeneizando y promoviendo de nuevo la dependencia del libro de texto sea en formato impreso o digital. No ejerzan una política eminentemente burocrática y de control como la mantenida hasta el momento con el proyecto Abalar y confíen en el buen hacer del profesorado invirtiendo en su formación. Potencien las buenas prácticas que se vienen desarrollando en los centros gallegos y apoyen realmente a las familias, sin espejismos ni mensajes engañosos.

Profesora titular del departamento de didactica y organización escolar de la Universidad de Santiago