En pleno auge del concepto educativo de jardín de infancia que inspiró Friedrich Froebel, el alcalde Alejandro Mon Landa propuso la construcción en Pontevedra de un edificio destinado a agrupar todas las escuelas públicas de primera instrucción. La iniciativa contó con el respaldo entusiasta de su corporación municipal en 1879 y se puso en marcha de inmediato.
Como broche a la conmemoración del centenario de Alejandro Rodríguez-Sesmero González por parte de la Concejalía de Urbanismo de Antón Louro, vale la pena repasar la intrahistoria de su edificio postrero en esta ciudad.
En funciones de arquitecto municipal redactó el proyecto en menos de seis meses y fue aprobado a finales de aquel mismo año. Pero su presupuesto de 235.848,26 pesetas se consideró muy elevado y la obra quedó pendiente para mejor ocasión.
Sesmero asumió la fuerte preocupación que había hecho mella en la clase política y plasmó en su diseño las ideas higienistas más avanzadas en pro del bienestar infantil. Es decir, proyectó una edificación en horizontal, de una sola altura, para evitar a los niños subir y bajar escaleras con las habituales caídas. Asimismo buscó una estructura abierta, bien orientada y luminosa, y aplicó también la recomendación de 1,25 metros cuadrados de aula y cinco metros cuadrados de patio de recreo por cada alumno.
Pasado algún tiempo, otra corporación presidida por José López Pérez retomó el proyecto a finales de 1885, y Sesmero introdujo algún retoque para rebajar su presupuesto a 180.791 pesetas. Entonces entró en escena Eduardo Vincenti Reguera, el sempiterno diputado por Pontevedra (renovó su acta hasta en quince ocasiones) e incansable defensor de la enseñanza pública, que articuló una cacicada de aúpa con su suegro, Eugenio Montero Ríos, a la sazón ministro de Fomento.
Entre uno y otro lograron que más de un tercio del presupuesto asignado para subvencionar la construcción de colegios en toda España se concediera a un solo proyecto: el Grupo Escolar de Alejandro Sesmero. Del total fijado en 240.000 pesetas, se otorgaron a Pontevedra 95.391 pesetas, es decir, más de la mitad del coste estimado.
A partir de entonces surgió en el seno del Ayuntamiento un sorprendente debate sobre el lugar más adecuado para su construcción. Según lo establecido, debía ubicarse en una zona soleada y espaciosa. En cambio la corporación municipal eligió El Borrón (hoy avenida de Buenos Aires), que era un lugar muy húmedo por su proximidad al río Lérez. La polémica alcanzó tal grado de acaloramiento que la Diputación Provincial utilizó su potestad y revocó el acuerdo municipal.
Una nueva corporación presidida por Isidoro Martínez Casal aprobó en septiembre de 1887 su construcción en el Campo de la Feria de San José, el mismo lugar donde la edificación se encuentra hoy convertida en Delegación del Ministerio de Defensa. Lamentablemente cuando se tomó dicho acuerdo hacía dos meses que Sesmero había presentado su dimisión irrevocable y se había marchado de Pontevedra.
La obra se adjudicó a José Cons Estévez y tardó en terminarse casi cuatro años. El Grupo Escolar, que recibió el nombre de Eduardo Vincenti, se inauguró en verano de 1892 y los niños estrenaron sus aulas en septiembre. Por razones más que discutibles las escuelas infantiles solo disfrutaron unos pocos años aquellas magníficas instalaciones.
En su afán por atraer a la ciudad algunos contingentes militares, distintas corporaciones municipales no tuvieron ningún empachó en ceder el edificio al ramo de Guerra en varias ocasiones. Cuando se aprobó una nueva cesión en 1913, un cronista local sentenció:
"Gasta el Ayuntamiento unos cuantos miles de duros en un edificio para escuelas, con el concurso del Estado y cuando éstas pueden establecerse decorosamente, cede la finca al ramo de Guerra. Una corporación donde ocurren estas cosas está juzgada definitivamente".
Un intento de recuperación que no prosperó
El Ministerio de Instrucción Pública abordó a principios de 1914 un intento serio por devolver a su uso original el edificio proyectado por Sesmero como Grupo Escolar.
Para conseguir tan justo fin, el ministro del ramo, Francisco Bergamín García, firmó una Real Orden (de 26 de marzo) cuyo contenido estaba a caballo entre la estricta legalidad y el sentido común: un complejo escolar construido con una importante subvención oficial no podía seguir un día más ocupado por oficinas militares.
La denuncia partió del inspector jefe de Primera Enseñanza de Pontevedra, que trasladó un detallado informe a su ministerio. El Grupo Escolar debía acoger unas escuelas infantiles que ocupaban locales inapropiados. Sin embargo, la mayor parte del tiempo pasado desde su inauguración, el edificio estuvo dedicado a otros fines bien distintos: primero hizo de hospital de campaña; después albergó la Brigada Topográfica, y más tarde se convirtió en Gobierno Militar.
Además concurría un motivo más escandaloso todavía para apoyar su devolución, que era la situación de doscientos niños sin escolarizar por falta de un local apropiado. El propio inspector jefe había señalado tan grave anomalía seis meses antes durante una junta provincial de Instrucción Pública, sin ningún resultado práctico.
El ministro tomó cartas en el asunto y emplazó oficialmente al Ayuntamiento de Pontevedra a desalojar antes de tres meses las oficinas militares e instalar luego las escuelas graduadas tras los arreglos necesarios. En caso de incumplimiento, advirtió que exigiría la devolución hasta el último céntimo de la subvención concedida.
El teniente de alcalde Francisco Paz Cochón dio cuenta del ultimátum recibido en la primera sesión que celebró la corporación municipal y propuso el envío de un telegrama de felicitación al ministro Bergamín por su decisión. Increíble, pero cierto. Ninguna otra referencia al respecto constó en acta.
A mediados de los años cincuenta, la corporación municipal barajó la venta del edificio al Ejército para zanjar tan incomprensible cesión. Pero ignoro si el trato se realizó o no finalmente.
El meollo
El refrendo de acuerdos con la Brilat
Las comunidades de montes de Salcedo, Vilaboa y Figueirido afrontarán la semana que viene una de las decisiones más trascendentes de su historia: refrendar la negociación de sus directivos sobre la cesión de los terrenos que garantizan el asentamiento de la Brilat. La disputa a cara de perro con el Ministerio de Defensa que mantuvo Fernando Pintos, bien asesorado por el abogado Calixto Escariz, podría utilizarse como ejercicio práctico en cualquier escuela de negocios. Y las reflexiones que el presidente de la comunidad de montes de Salcedo ha desgranado ante esa importante cita son un ejemplo de cordura, responsabilidad y moderación. El meollo de la cuestión está en vislumbrar si las asambleas comunales aprobarán los convenios por aclamación o si surgirán muchas voces discordantes de tales acuerdos.
La eliminación de Fernández Ladreda
La asociación cultural Revira acaba de reactivar el controvertido asunto de las calles dedicadas a personajes del franquismo. José María Fernández Ladreda, ministro de Obras Públicas entre 1945 y 1951 es el personaje cuestionado en esta ocasión, pero podía haberle tocado a otro. El callejero pontevedrés tiene nombres para dar y tomar, por defecto y por exceso. Desde la lógica de Revira no se explicaría, por ejemplo, la supervivencia de Fernández Ladreda en el nomenclátor tras la eliminación de Salvador Moreno, el almirante a quien Marín y Pontevedra reconocieron tantos y tantos favores en aquel tiempo. El meollo de la cuestión está en saber cuándo vamos a terminar de una vez con esta aburrida y sesgada matraca de poner y quitar nombres a calles y plazas en base a criterios más que discutibles.
El nacimiento de la asociación Os Campos
El próximo miércoles 27 es la fecha señalada para el nacimiento en la Casa de Cultura de Monteporreiro de la asociación de vecinos de Os Campos. En pleno declive y adocenamiento del movimiento vecinal pontevedrés, con escasos efectivos y pocos medios, resulta casi milagrosa la puesta en marcha de una nueva asociación, que ya pueden empezar a disputarse las tres federaciones existentes, Castelao, Boa Vila y Teucro. Los promotores de la nueva asociación, con Raimundo Argibay a la cabeza, han fijado su ámbito de actuación en Mourente Sur, y sus primeras reivindicaciones apuntan a la inseguridad viaria devenida del mayor tráfico hacia Monteporreiro que atrajo el nuevo puente. El meollo de la cuestión está en adivinar si la asociación naciente contará con un amplio respaldo vecinal.
