Respeto y justicia para los damnificados por las preferentes

Habían prometido decírselo la tarde del viernes, en lo que a todas luces eran ya una fecha y hora buscadas para intentar diluir la repercusión del anuncio. Pero resultó que todo se limitó a genéricos porcentajes sobre estimaciones que se conocerán en las próximas semanas. Eso sí, los porcentajes se las traen: de media, un 43% para las preferentes, un 41% para las subordinadas perpetuas y un 22% para el resto. Se calcula que los afectados perderán entre todos más de 700 millones. La única sorpresa fue que la prometida posibilidad de recuperar el dinero restante de la quita no estará operativa al menos hasta junio y llevará implícita un nuevo descuento, de alrededor del 10%.

Si difícil resultaba ya asumir lo que se está haciendo con quienes tienen atrapado su dinero, más aún aceptar las formas que se están empleando con ellos. Tal parece que quisiesen someterles a una lenta y agónica tortura, con ambigüedades, medias verdades y dilaciones que hacen más insufrible aún su penosa situación. Eso, o que alguien esté jugando desde hace meses con macabros criterios de puro oportunismo político.

Hablar con propiedad de las miles de víctimas de esos productos financieros exige distinguir entre los inversores conscientes, es decir, aquellos que con conocimiento e información decidieron meter allí su dinero en busca de una alta rentabilidad, y los ahorradores inconscientes, o sea, los que carecían de la preparación necesaria para comprender la complejidad de esos productos, sus riesgos, y actuaron influenciados por el empleado que durante toda su vida les había cumplimentado la cartilla de ahorro.

Los dos han perdido su dinero, pero sus casos no son comparables. Unos sabían perfectamente a qué jugaban mientras que los otros aún hoy no entienden cómo se la pudieron jugar así, por decirlo coloquialmente.

Hubo una comercialización más que incorrecta de esos productos, evidentemente, aunque la inmensa mayoría de los empleados, las otras grandes víctimas de este estropicio, los tramitaron pensando que en verdad eran seguros, como prueba el hecho de que ellos mismos y sus familiares figuren entre quienes los suscribieron. Fue incorrecta incluso a pesar de que las preferentes tenían el visto bueno del Ministerio de Economía, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Así pues, la comercialización inadecuada está en la raíz última del problema. Pero no es todo el problema. Porque preferentes y subordinadas no son productos exclusivos de las cajas gallegas. Todas las entidades que operan en España, prácticamente sin excepción, las sacaron al mercado. En lo que a preferentes se refiere, el número concreto de las que lo hicieron es de 52 y el montante del capital que captaron asciende a 12.000 millones de euros. Y a esa cantidad habría que sumar las de las subordinadas.

La otra parte del problema es que la apuesta que se hizo por las cajas gallegas las abocó a la nacionalización, primero, y al rescate a través de fondos europeos, después. Y así, mientras las demás entidades buscaron la manera de canjear las preferentes por otros productos o darles liquidez -el Pastor, sin ir más lejos--, las rescatadas aún en manos del Estado (NCG, Catalunya Bank y Bankia) no pueden hacerlo. Porque Bruselas impide que lo hagan por el total del dinero y porque, además, de hacerlo tendrían un agujero mayor.

Los actuales gestores de NCG repiten como un mantra que siempre han estado en disposición de aportar fondos, esos que va ya para dos años prometieron que traerían, con una única condición: que esos inversores extranjeros recibiesen garantías de que no perderían su dinero. ¿Y por qué deberían recibir ellos las garantías que se les han negado a los gallegos tenedores de lo que se ha dado en llamar productos híbridos? ¿Qué pasa con el dinero de los empresarios gallegos que invirtieron en el banco? Y si a estos últimos les acaban devolviendo los 70 millones, tal y como reclaman judicialmente, ¿quién les explicará a los preferentistas que no se les haya devuelto a ellos?

El único bálsamo que han recibido hasta ahora ha venido de la mano del arbitraje, una encomiable iniciativa de la entidad gallega que ahora copian las otras dos nacionalizadas. Pero su alcance es, lamentablemente, muy limitado. Aunque ni en eso coinciden las cifras del Ministerio y de NCG, se han aceptado unas 14.000 de aproximadamente 50.000 reclamaciones presentadas, y se han devuelto unos 290 millones de los más de 2.000 millones atrapados.

El estropicio del sistema financiero gallego es de tal magnitud que resulta comprensible la confusión. El tsunami se ha llevado por delante a las dos cajas de ahorro de la comunidad y al Banco Gallego y ha impuesto un cambio de manos en el Pastor y el Echevarría, los dos que mejor han sabido capear el temporal. Un castizo diría que no ha quedado títere con cabeza. Pero precisamente por eso, por la enorme confusión reinante, conviene dejar sentado que los principales y directos damnificados de este inmenso atolondramiento colectivo son quienes han perdido irremediablemente parte de su dinero, es decir, los tenedores de preferentes y subordinadas.

Tanto es así, que a día de hoy ellos son los únicos dueños del banco, además del FROB. Y nada menos que de un 30%, aproximadamente, es decir, que más de una cuarta parte es suya. Porque su dinero, el que les ha quedado allí atrapado tras la brutal quita, es el único con que cuenta la entidad que no sea del Estado. Y lo serán, dueños en esa parte que les corresponde, mientras no vendan esa participación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). ¡Si tendrán derecho a hablar, aunque sea en las aceras, que hasta les correspondería sentarse en el consejo!

En cambio, que quienes durante todo este tiempo han silenciado su drama pretendan ahora ganárselos excitando desaforada e irresponsablemente su malestar provoca estupor. Les mueve, qué duda cabe, la vergüenza por lo que hicieron y el temor a lo que les cueste, pero ninguna de las dos cosas justifican su oportunista proceder.

Hay quien arguye que entre ellos gravitan agitadores profesionales. Pues seguro que alguno hay. Faltaría más. De la misma manera que hay cafres entre los hinchas de fútbol, manipuladores entre los periodistas o corruptos entre los políticos. Pero la mayoría de las personas que salen a la calle a protestar, la inmensa mayoría de ellas, son pacientes y pacíficos ciudadanos que, desesperados, intentan recuperar lo que en ocasiones son los ahorros de toda una vida. Exijámosles prudencia y sentasez, sí, pero tratémosles con el respeto que se merecen, aunque solo sea porque, a la espera de saber qué pasa con los 70 millones de los empresarios, ellos son los únicos que han pagado, literalmente, tanto dislate económico, mediático y político como ha rodeado la desfeita de las cajas. Dijimos cuando había que decirlo que lo que reclaman y merecen no es caridad, sino justicia. Y seguimos sosteniéndolo ahora.