Abrumados por la crisis, la prima de riesgo y la mala cara que últimamente se le ha puesto a Rajoy, los vecinos de un municipio de Cataluña van a encomendarse a San Canuto por ver si el santo patrón de la cofradía del porro los saca de apuros. A tan singular propósito atiende el referéndum en el que una mayoría del vecindario de La Rasquera (Tarragona), ha aprobado con su voto la instalación de un par de plantaciones de cannabis en terrenos propiedad del ayuntamiento.
Si todo va bien y la autoridad competente no lo impide, el consistorio ingresará más de un millón de euros en concepto de alquiler y, a mayores, la concesionaria de los viveros de cáñamo se compromete a dar trabajo a unas cuarenta personas. Empleo y saneamiento de las arcas públicas constituyen en estos días un lujo que acaso sea motivo suficiente para avalar este original plan contra la crisis.
Tan imaginativo es el proyecto que bien se le podría encuadrar bajo el epígrafe de Innovación y Desarrollo. Se trata, además, de una iniciativa manifiestamente ecológica en la medida que promociona un producto verde, por más que la idea choque con ciertos prejuicios y tal vez con la ley que, aun tolerando el consumo de marihuana, prohíbe su comercialización. Queda por ver si los jueces atienden los argumentos de la arrendataria de los terrenos municipales: una asociación de devotos de la maría que, según alegan sus dirigentes, reservará los cultivos para el consumo particular de sus 5.000 socios.
El razonamiento parece bien traído, pero aun si no fuera así habría que comprender la actitud del alcalde de La Rasquera y la de los vecinos que la respaldan frente a quienes creen ver en esta iniciativa un riesgo para la salud pública. Si el propio Gobierno español se ve obligado a tomar desagradables medidas que van en detrimento del bolsillo y quizá la atención sanitaria a los ciudadanos, también los ayuntamientos pueden acogerse a la cláusula de excepción de la crisis para salvar sus finanzas y ofrecer empleos al vecindario. Grandes males exigen grandes remedios.
Estarían en su derecho de quejarse, si acaso, los contrabandistas que tal vez sufran una merma en el negocio de la importación de chocolate marroquí con esta inesperada competencia que les ha salido en Tarragona. De cundir el ejemplo, no es improbable que los fumadores de pitillos de la risa prefirieran abastecerse en el nuevo mercado nacional, con las perjudiciales consecuencias que eso acarrearía a la industria del contrabando. Siempre le quedaría la clientela adicta a la fariña, desde luego; pero a nadie le gusta que una parte de su negocio entre en pérdidas.
A diferencia de los capos del matute, las más formales autoridades locales de La Rasquera han querido hacer las cosas por la vía legal y con todo el apoyo democrático posible. Lejos del ordeno y mando tan habitual en las administraciones españolas, el alcalde ha sometido a consulta su plan contra la crisis en un referéndum impecablemente suizo que –siquiera sea por una vez– permitió conocer la opinión del pueblo sobre las decisiones de sus mandamases.
Inesperadamente, o no, el pueblo antes mentado acaba de avalar la audaz propuesta de su alcalde que pone en manos de San Canuto el milagro de levantar el empleo y las finanzas de su municipio. Se conoce que la crisis nos está reavivando la fe.
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