El anuncio de la sanción de dos años para Alberto Contador a cuenta de su positivo por clembuterol supuso el punto de partida a lo que podría llamarse la semana del patriota barato. Pocas veces los medios de comunicación nacionales y las autoridades deportivas (a las que se sumaron las políticas, que nunca desaprovechan una ocasión para entregarse al populismo más rancio) han ofrecido un ridículo semejante. Ridículo que tuvo su momento cumbre cuando el presidente del COE, Alejandro Blanco, convocó una reunión de urgencia con las federaciones a cuenta de los guiñoles franceses. Allí estaba el hombre que quiere traer los Juegos Olímpicos a Madrid poniendo cara de vinagre por culpa de unos muñecos de látex que vieron en la desmedida reacción española la posibilidad de disfrutar de una notoriedad que habitualmente no tienen fuera de Francia. En su ira le faltó amenazar con el boicot a Eurodisney y a los desayunos con cruasán. En vez de desarrollar un debate serio sobre el dopaje, sobre el negocio que esconde acudir al arbitraje del TAS o sobre las evidentes lagunas que existen en la defensa de los deportistas, se eligió el análisis de brocha gorda, el "buenismo" llevado a lo cómico. Contador es inocente porque es español y los que le acusan son una cuadra de envidiosos que no soportan sus éxitos y los del resto de deportistas. No parece un argumento muy sólido, pero las voces que lo propagaron fueron muchas y hay demasiada gente dispuesta a comprar esa mercancía. El discurso conspiranoico vende y mucho más si la víctima es un deportista de éxito.

En relación a este lamentable espectáculo –sobre todo si lo comparamos con el linchamiento que han sufrido otros deportistas en parecida situación– creía que mi capacidad de asombro había llegado al máximo hasta que cayó ante mí un extenso artículo publicado en "El Mundo" sobre la resolución del TAS y que firma Carmen Victoria López Muñoz, la juez instructora de la Federación Española de Ciclismo. La instructora, que llevó el caso del ciclista de Pinto, se muestra indignada con la aplicación de la responsabilidad objetiva y cree que se atenta contra los derechos fundamentales del ciclista al obligarle a demostrar el motivo por el que en su cuerpo aparece un producto prohibido teniendo en cuenta la "la inexistencia de procedimientos analíticos que con certeza puedan establecer el origen de la sustancia y los efectos que ésta haya podido producir en el rendimiento del deportista". Perfecto, maravilloso, un discurso ejemplar pensarán muchos.

Lo que irrita, lo que supone una tomadura de pelo y un acto de desvergüenza, es que Carmen Victoria López Muñoz fue la instructora el caso de Ezequiel Mosquera, la persona que elevó al Comité de Competición la propuesta de dos años de castigo que al final le aplicaron al gallego. A lo mejor resulta que ha visto la luz en los últimos dos meses, que ha tenido una revelación, pero cuesta creerlo. Nada de lo que dice ahora a favor de corriente pareció importarle en el caso de Mosquera con el agravante de que Ezequiel, a diferencia de Contador, no dio en ningún momento positivo por dopaje. Pero al margen de ese "pequeño detalle" la señora López Muñoz rechazó pruebas periciales, careos, no dio validez al informe de la Agencia Española Antidopaje que le dijo que el hidroxietil no mejora el rendimiento y se pasó por el forro los análisis que confirmaron la ausencia de residuos plásticos en su sangre con lo que quedaba descartada la transfusión sanguínea. Y ahora la misma persona que contribuyó a la crucifixión de Mosquera aparece de entre el ruido para defender en público la desventaja legal a la que se enfrentan los ciclistas en estos casos.

El sonrojante artículo de la instructora viene a dejar claro el terrorífico papel que en estos procedimientos juega la Federación Española, para quien a unos ciclistas se les puede aplicar un criterio y a otros no como dejó claro su presidente, Carlos Castaño, al pedir que a Contador se le aplicase la presunción de inocencia que negó para Ezequiel Mosquera. Si este país tuviese una administración deportiva seria –y no la folclórica que vive pendiente de los humoristas franceses– hace tiempo que esta federación y personajes como su juez instructora habrían tenido que rendir cuentas sobre su forma de actuar en los casos de dopaje y la defensa que organiza y paga a según qué ciclistas. Lo dijo ayer el nuevo ministro: "España tiene un problema con el dopaje". Y también con sus dirigentes y su interesada doble moral.