El insoslayable compromiso de terminar a tiempo las infraestructuras gallegas

El PP mandó parar las licitaciones del AVE por 2.870 millones de euros que iba a acometer el Gobierno saliente, entre ellas un contrato de 2.300 millones para la instalación, electrificación y mantenimiento durante 20 años de toda la vía entre Olmedo (Valladolid) y Ourense. Aducen los populares que infraestructuras de esta magnitud no pueden ser adjudicadas por Ejecutivos en funciones, tesis secundada y defendida por el presidente de la Xunta. Feijóo ya se ha apresurado a fijar la fecha de 2018 como horizonte más realista para la conclusión del AVE, alegando los incumplimientos del Pacto del Obradoiro que fijaban su final en 2015. En su argumentario, el jefe del Gobierno gallego mantiene que el parón en las licitaciones no conllevará más retrasos que los ya previsibles y se agarra al compromiso de Rajoy de que la alta velocidad a Galicia será una prioridad para el nuevo Ejecutivo. Así se espera, puesto que si al ministro Blanco se le exigía impecablemente el cumplimiento del Pacto del AVE, de obligada ejecución debiera serlo ahora que dos gobiernos del mismo color político se sientan en Santiago y en Madrid.

Rajoy tiene por delante una titánica tarea para, una vez revisado el estado de las arcas públicas, meter la tijera a fondo, recortar drásticamente el gasto público, cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Europa e intentar casarlo todo para volver a crear empleo cuanto antes, es decir, generar inversión. Ha de hacerlo de inmediato porque se juega en ello no solo su futuro político, sino sobre todo, y lo más importante, el futuro de España y los españoles.

Galicia está dispuesta también ahora a apretarse el cinturón ante la gravedad de la situación que atraviesa el país, pero no entendería que de nuevo se le hiciese pagar los platos rotos de la crisis. Los recortes no deberán ser los mismos para todos. Y el AVE gallego de ningún modo puede ser moneda de cambio. Han tenido que pasar 30 años para poder asistir a la apertura del primer tramo Ourense-Santiago-A Coruña, inaugurado ayer por el ministro en funciones, José Blanco, y todavía faltan por adjudicar obras por 4.600 millones de los 5.500 para completar la red de alta velocidad. Urge, así pues, que cuanto antes se pongan plazos encima de la mesa y se despeje la incertidumbre sobre la conclusión de las obras. El nuevo calendario deberá garantizarse por escrito y tendrá que ser realista, pero en ningún caso implicar ni mucha mayor demora ni merma en la calidad de los servicios.

Otro tanto ocurre con el puente de Rande. La principal puerta de acceso a Vigo y al eje con Portugal está abocada al colapso de tráfico más pronto que tarde. Al tiempo, la alternativa a la AP-9 entre la ciudad más poblada de Galicia y Pontevedra ha pasado de ser una carretera nacional a convertirse en una suerte de vial urbano con una línea continua ininterrumpida que prohíbe adelantar en sus más de 30 kilómetros de recorrido. Los sucesivos núcleos de población que atraviesa restringen la velocidad media por debajo incluso de los 50 km/h. O el ciudadano opta por la autopista de peaje o habrá de prepararse para viajar empotrado en una caravana interminable y malgastar casi una hora de su tiempo en recorrer el trayecto que separa ambas ciudades.

Este es el penoso y lamentable escenario de movilidad que sufre a diario el sur de Galicia sin que nadie hasta ahora le haya puesto solución. Hace ya más de ocho años que se prometió una autovía libre de peaje para descongestionar el tráfico entre Vigo y Pontevedra, y ha transcurrido un lustro desde que se puso sobre la mesa la necesidad de ampliar Rande.

Vistas así las cosas, resulta lógica la incredulidad y el recelo con que fue visto el anuncio del Consejo de Ministros de aprobar a dos días de las elecciones del 20-N el convenio con Audasa para ampliar Rande y la autopista a su paso por Santiago a cambio, eso sí, de un incremento acumulativo del peaje del 1% más el IPC en todo el trayecto durante 20 años a partir de la finalización de la obra. En total, 350 millones de euros. Desde las filas populares se reaccionó inicialmente con duros calificativos al anuncio de Fomento, que consideraron "indecente y repudiable" por hacerlo público en plena contienda electoral y escondiendo la fórmula de financiación –la subida de peajes– hasta después del 20-N.

Es evidente que, con la que está cayendo, no es bueno apostar por modelos que castiguen más aún el exhausto bolsillo de los gallegos, pero, desgraciadamente, la fórmula que ahora se propone para la ampliación del puente prolifera por todos lados. Y más que lo va a hacer. Porque responde al conocido esquema de gastar sin tener. Aquel que quiere algo y no tiene dinero para conseguirlo, busca quién se lo financie. Y cuanto mayor sea la cantidad pedida y el plazo para devolverla, mayor será también el coste de ese crédito, es decir, el sobreprecio. Admite muchas variables: mediante una permuta, a través de la prórroga del tiempo de concesión, del incremento de un peaje o tasa, como en el caso de Rande, o por medio de un canon anual que incorpore el sobrecoste, similar al que recibe Audasa de las administraciones para compensar la gratuidad a O Morrazo.

La fórmula del canon, por ejemplo, es la que utiliza la Xunta de Feijóo también para construir el hospital de Vigo. Su coste efectivo es de 250 millones de euros, pero al final el Gobierno gallego pagará 400 millones porque debe afrontar el lógico sobreprecio derivado de que la UTE adelante el dinero para la obra y, además, asuma determinados servicios no sanitarios. También la Xunta del PP construyó la autovía de Santiago a Lalín de peaje y fue el Gobierno de Aznar el que amplió la concesión de toda la AP-9 hasta 2048 en beneficio de Audasa. Es decir, que cuando no hay presupuesto, las administraciones se las tienen que ingeniar para buscar formas de financiarse que, inevitablemente, resultan más gravosas, puesto que en definitiva lo que implican es que el ciudadano tenga que pagar más vía impuestos, sean estos directos (peaje) o indirectos (a través del presupuesto).

La visión estratégica debe quedar a salvo de algunas voces que critican hoy lo que consideran un esfuerzo de todos para beneficio de algunos, al tiempo que callan o incluso justifican despilfarros tan escandalosos como el del puerto exterior de Punta Langosteira. Los populares de Vigo habrán reparado sin duda en que, mientras ellos critican, sus homólogos en el gobierno de Santiago callan –luego otorgan–, conformes con que se amplíe la circunvalación de su ciudad, y que el también popular alcalde de A Coruña lo único que ha hecho es preguntar qué hay de lo suyo, es decir, lo "inaceptable" que le resulta que se haya excluido de la mejora los accesos a su ciudad y un enlace de la AP-9 con el aeropuerto de Alvedro.

Si de lo que se trata es de revisar los proyectos para comprobar el estado real de las cuentas, la capacidad financiera para llevarlos a cabo y fijar plazos realistas, hágase cuanto antes, pero no solo y exclusivamente con los que afectan a Vigo, la mayor ciudad de Galicia, que, relegada en el enlace con el AVE y postergado su aeropuerto, no puede verse también cercenada por carretera.

Xunta y Gobierno central, las dos administraciones ahora en manos del PP, harían bien en repensar las alternativas y, manteniendo su firme apuesta por la autovía gratuita, no excluir de entrada la ampliación de Rande. Es más, ambas actuaciones son complementarias y para nada se solapan. Aún disponiendo de una autovía entre Vigo y Pontevedra, que significaría un importante avance en las comunicaciones, su construcción no bastará para zanjar los problemas viarios existentes. Aunque el imparable tráfico en Rande se haya ralentizado como consecuencia de la crisis, más pronto que tarde volverá a recuperar la senda del crecimiento con el consiguiente peligro de bloqueo. El flujo de tránsito entre O Morrazo y Vigo, disparado desde la apertura del Corredor, y que sin duda volverá a incrementarse en cuanto se desdoble en autovía, hace necesario el ensanche de Rande aunque solo sea por mínimas razones de seguridad vial.

Consciente de que la virulencia de la crisis y el paupérrimo estado de las arcas públicas pueden demorar en exceso la autovía prometida, acierta Feijóo en el diagnóstico cuando admite que las dos opciones pueden ser necesarias. La autovía tardará en construirse un mínimo de entre cinco y seis años y él mismo se pregunta si puede esperarse tanto tiempo sin hacer nada en la autopista. La respuesta es no y lo conveniente es que se pongan ya las bases para ampliar Rande mientras se dan pasos y se fijan fechas y presupuestos para que la autovía sea una realidad lo antes posible. Galicia no puede asumir el riesgo de colapsar las comunicaciones con Vigo.