De regreso a la ciudad donde resido, me encuentro con que ha cambiado el alcalde (un señor gordito y mofletudo ha sustituido a otro menudo y algo calvo) pero no hay síntomas de que vaya a cambiar demasiado la política municipal. Prácticamente, la primera decisión que tomó el nuevo regidor, nada más recibir el bastón de mando, fue recurrir en súplica la orden de derribo de un céntrico edificio dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y ratificada por el Tribunal Supremo. Un pleito que ya dura doce años, durante los cuales el Ayuntamiento que presidía primero el señor Vázquez, y después el señor Losada, intentó infructuosamente legalizar una licencia ilegalmente concedida en 1997 por esa misma corporación. Los jueces ya habían advertido al municipio que el incumplimiento de la orden no solo conllevaría el incremento de la multa por cada día que se retrase la ejecución sino que podría suponer también el inicio de acciones penales de persistir en esa conducta. Pero la recién estrenada corporación ha preferido redundar en las mismas tácticas dilatorias de la anterior y ganar tiempo para propiciar un apaño, aunque aparentemente apenas quedan resquicios legales. Los argumentos del Ayuntamiento, y de los vecinos afectados, son bien conocidos de la opinión pública y resultan contradictorios en sus propios términos si hemos de fiarnos de la información que ofrecen los medios. De una parte, alegan imposibilidad material de ejecutar la sentencia, y de otra, daños de superior entidad si se ejecuta. Y para aumentar la confusión, aún añaden una tercera posibilidad aparentemente más disparatada todavía como es cumplir la sentencia sin derribar el edificio, lo que ya sería el colmo del escamoteo. En el fondo, lo que subyace es el temor del Ayuntamiento a la bancarrota ya que según cálculos del Colegio de Arquitectos el total de la factura, entre gastos e indemnizaciones, ascendería a los cuarenta millones de euros. El alcalde anterior y el nuevo concejal de Urbanismo insisten en que hay que buscar una fórmula que evite el cumplimiento estricto de la sentencia y el subsiguiente derribo del edificio para no trasladar a la ciudadanía el coste de la operación. Parece un argumento un tanto cínico. El responsable de este desaguisado es el Ayuntamiento que presidía el señor Vázquez, y del que era responsable de Urbanismo el señor Fernández Moreda, actual presidente en funciones de la Diputación Provincial. Y deberían ser ellos, preferentemente, los que pagasen la descomunal factura. Hábil como siempre, el señor Vázquez se ha apresurado a descartar toda implicación en este asunto alegando que el día en que se concedió la licencia él estaba de viaje y el señor Fernández Moreda ausente. "Se aprobó lo que dijeron los técnicos", declaró sin ruborizarse a un periódico adicto. Que un político que lo controlaba todo alegue ignorancia en la concesión de una licencia sobre el edificio que había sido la sede de Fenosa a una empresa constructora que presidía su buen amigo Manuel Jove, suena a coartada inverosímil. A una de aquellas coartadas que tanto incomodaban a Elliot Ness en los episodios de Los Intocables que veíamos en televisión. ("¿Usted estaba en el lugar del crimen ese día, verdad?". "No, yo estaba ese día de viaje con mi familia"). Ahora me explico mejor el trasfondo de esa fotografía del señor Vázquez felicitando de forma efusiva al nuevo alcalde mientras le palpa cariñosamente los mofletes. Si fuesen del mismo partido no estaría más contento con el resultado.