Decía Vázquez Montalbán, con su sorna habitual pertrechada de razón, que las únicas instituciones que aún daban a España cierta apariencia de ser una nación eran la liga de fútbol y la lotería de Navidad. Contra la liga de fútbol española no sorprenden los ataques de los soberanistas en pos de sus respectivas selecciones nacionales –solo pueden tener selección nacional aceptada en competiciones internacionales quienes al mismo tiempo jueguen su propia liga– pero más extraño resulta que la iniciativa de privatización parcial de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (LAE) proyectada para noviembre parta del Gobierno. Y es que desde cualquier punto de vista la operación está tan poco justificada que deja la amarga impresión de que algunos ministros y altos cargos están ameritándose ante el sector privado para encontrar acomodo profesional después de las próximas elecciones generales.

Si los españoles no lo impedimos –no sé si podremos contar con Rajoy pero en el entorno de la reaganomics intelectual de Esperanza Aguirre la idea de los socialistas ha calado y ya hablan de privatizar el 100% de LAE– el Gobierno lanzará en otoño una Oferta Pública de Venta (OPV) de Loterías que pondrá alrededor del 30% de su capital en el parqué esperando obtener entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Se trata de la mayor OPV de la historia de España –por encima de la Iberdrola Renovables en el 2007– y la segunda más importante de Europa en la última década, casi a la altura de la de Telia, gigante sueco de las telecomunicaciones, en el 2000.

En su origen, el anuncio de privatización –junto con la de Aena Aeropuertos– tuvo por finalidad calmar a los dichosos "mercados" en un intento de amortiguar la presión sobre la deuda pública española lo cual no impide que los promotores se justifiquen ahora, a buenas horas mangas verdes, diciendo que la privatización estaba pensada desde el 2006. Visto que la operación no podrá reducir el déficit, al no tratarse de ingresos corrientes, ni su impacto sobre la contención de la deuda será significativo (menos del 1%) se la ampara finalmente, a falta de agavillar sólidos argumentos, con la consabida cantinela de mejorar "competitividad y eficiencia". Como si una empresa limpia de deudas y necesitada de poquísimas inversiones, que deja en las arcas del Estado casi 3.000 millones de euros anuales netos (10.000/11.000 millones de euros anuales de ventas incluyendo Primitiva, Euromillones, etc.) no fuera suficientemente eficiente.

Puestas así las cosas, no veo en qué disfuncionalidad puede incurrir una empresa en la cual regulador y operador sean el mismo ente –no se dan características de monopolio natural por subaditividad de costes ni nada parecido– respecto a un juego que atrae las preferencias de los españoles, solo por detrás de las máquinas, y cuyas ventas recaen en el 55% en la lotería de Navidad y en la de El Niño. Lo que es "ineficiente", en todo caso, es que LAE participe en el Euromillón permitiendo que los jugadores españoles "subvencionen" a los ingleses, más oportunistas, muy sensibles al montante del jackpot (cuando se aciertan los seis números) acumulado por los rollovers (transferencias de premios al sorteo siguiente cuando no hubo ganador) como demostró recientemente Patrick Roger ("La demande de grilles d´Euromillions. Une comparaison internationale" Revue économique, enero 2011).

Que no nos canten milongas, con LAE pasará como con Altadis –otrora Tabacalera, hoy privatizada– en manos de la británica Imperial Tobacco. Poniendo la eficiencia como pretexto, operaciones de ingeniería financiera mediante, antes o después LAE (en la que no entra la ONCE, claro está) acabará completamente troceada y vendida a los magnates del juego con sedes en paraísos fiscales totalmente opacos blindados a la legislación de España. Porque aunque actualmente algunos fondos soberanos –eufemismo detrás del que puede esconderse cualquier cosa– parecen manifestar interés por la operación –¡y quién no!– no cabe la menor duda que en cuanto se privatice el 30% se habrá dado el primer paso para que futuros Gobiernos pongan en venta el total de Loterías. Que caerá finalmente en manos de sociedades, con sede en Luxemburgo o en las Islas Caimán, con capacidad económica para contratar a expertos internacionales en maquillaje financiero que con montajes de toda índole pagarán ridículos impuestos al Estado y expoliarán sin rubor a los españoles al llevar al paroxismo las técnicas sicológicas del juego que ya se emplean a ultranza en Reino Unido e Italia, países pioneros en privatizaciones de loterías.

Ante estas sospechas, no se entiende bien como el Tribunal de Cuentas, ni Patrimonio, ni el PP no han recabado de LAE un informe técnico robusto basado, por ejemplo, en análisis que aclaren, como mínimo, los siguientes puntos: a) cuáles son los cálculos actuariales y financieros que valoran en 6.000/7.000 millones de euros el 30% de LAE; b) qué modelo econométrico con margen de error aceptable se ha empleado para sugerir que los ingresos del Estado vía impuestos aumentarán después de la privatización al tiempo que la esperanza de ganancia de los jugadores no disminuirá. Si así no fuera se trataría de un expolio toda vez que, en teoría económica, las loterías se enfocan como un "impuesto regresivo" que golpea sobre todo a los estamentos sociales con pocos ingresos. Además, el caso español goza de unas características únicas tan propiamente españolas (Roberto Garvia "Syndication, Institutionalization, and Lottery Play", American Journal of Sociology, noviembre 2007) que su privatización entregándola a la postre a inversores extranjeros es, en mi opinión, escandalosa.

Parece ser que los asesores estratégicos y financieros, extranjeros, rebajaron la primera valoración, no se sabe bien por qué habida cuenta de la falta de transparencia de todo el procedimiento, en más del 25% hasta dejarla en torno a los 21.000 millones de euros. Lo cual es una descarada bonificación de entrada a los inversores privados (especialmente los fondos extranjeros ya que no se piensa en favorecer de alguna manera a los loteros con dicha bonificación). Sin embargo, un cálculo efectuado con discernimiento debería dar una valoración muy superior a una empresa que genera casi 3.000 millones de euros anuales netos protegida indefinidamente por barreras legales a la entrada, con una enorme tradición y que goza de una envidiable estabilidad a pesar de la crisis. Tanto es así que, incluso subvalorada, Loterías es la segunda mayor compañía, en capitalización bursátil, de juegos de azar del mundo solo por detrás de la gestora de casinos Las Vegas Sands Corp.

En definitiva, la privatización proyectada sí es para indignarse ya que, como dice mi buen amigo Manuel Sanjurjo, otro indignado como yo a justo título, en este país van a terminar privatizando hasta la procesión del Cristo de la Victoria.