Las mejoras

Así que, metido como está el país en una espiral -aparentemente sin fin- de sustos sociales, económicos y políticos, no viene mal la noticia que desde el Tribunal Superior de Xustiza desbloquea el proceso de ubicación en Galicia de una factoría del grupo japonés Mitsubishi. Es verdad que aún queda camino judicial para otros recursos, pero la decisión de ahora reabre opciones, entre ellas la del diálogo, y por tanto mejora la perspectiva global.

El asunto, que tiene una indudable importancia para el empleo en este país, y a más plazo para la consolidación y desarrollo del clúster gallego del automóvil, se ha tratado hasta ahora de un modo serio, según muchos expertos. Y eso quiere decir con discreción y desde el sentido de lo común, lejos de polémicas estériles: por una vez -y aunque algún conato hubo para estropearlo- se actúa eludiendo las discusiones y centrándose en las condiciones para competir con éxito frente a los muchos europeos que querían esa fábrica. Y eso parece casi hecho.

Expuesto eso, quizá convenga insistir en un par de aspectos. El primero, la necesidad de habilitar mejores y más ágiles métodos para la defensa de derechos frente a las administraciones. El objetivo final habría de ser evitar en lo posible la vía judicial, y no tanto por desconfianza en su condición de última garantía en un Estado de Derecho cuanto para evitar demoras excesivas y a veces, la conversión de hecho de los tribunales en una especie de gobierno bis.

El segundo de los aspectos a considerar podría ser una redefinición de lo que hasta este momento se entiende por bien común y que se contrapone a veces al particular; y no necesariamente para eliminar éste sino para reforzar aquél. El caso de Mitsubishi y los terrenos de la Plisan en Salvaterra es muy ilustrativo para medir la gran diferencia entre lo que podrían perder unos pocos y lo que ganarían muchos -hay quien cree que todo un país-, especialmente en momentos como éstos.

Y no se trata, conste, de tener por inmutable lo de in medio virtus est, sino, y conviene insistir en ello, en habilitar mejores vías para establecer lo justo. Es decir, cauces más ágiles de diálogo, actualización de los parámetros de valoración de los bienes o derechos en litigio y, por supuesto -como quedó dicho- reducción sustancial de las vías de recurso ante los tribunales para que la demora en las decisiones no haga peor el remedio que la enfermedad.

Lo que hay está a la vista: falta saber cómo mejorarlo.

¿O no...?