El avance

Uno de los problemas principales que se le presentan a la actual oposición en el asunto de las eólicas –que por sus dimensiones y alcance resulta preferente para los adversarios de la Xunta– es que cuando fue gobierno lo hizo peor que quienes ahora reciben sus críticas. Y no sólo desde el punto de vista político: también desde el jurídico, a la vista de las decisiones de los tribunales.

Dicho eso, que ya es bastante malo, hay que añadirle algo aún peor, quizá para darle razón al dichoso Murphy: el precedente del Bipartito dejó tocados a los dos grupos que ahora denuncian la decisión de la Xunta. Si se alega fraude, le podrían sacar los colores a una parte del BNG sólo con revisar el pasado reciente; si incoherencia, bastaría con recordar lo que hizo el PSdeG para sacarle los colores a los socialistas.

(No se trata de exagerar o inventar historias. Las denuncias sobre clientelismo las rubricaron sectores muy nacionalistas, entre ellos no poca gente del mundo sindical. Y en cuanto a la incoherente actitud del PSOE sólo hay que citar el dato de que sus consellerías se inhibieron en el proceso del concurso bipartito, pero luego aprobaron sus resoluciones en el Consello correspondiente. Cáspita.)

En todo caso, y aún así, que pasara lo que pasó no justificaría que otro gobierno lo repita, ni otorga infalibilidad a la Xunta actual. Pero sí que le resta credibilidad a quienes la acusan, especialmente porque el argumentario se dirige casi exactamente a asuntos en los que la oposición actual tiene no ya una paja en el ojo, sino una viga de considerable tamaño. Y ésa no es una buena tarjeta de presentación, por decirlo así.

La preguntas del millón, en cambio, son al menos dos. Una, acerca de si las cosas se han hecho esta vez razonablemente bien y, otra, si garantizan de forma suficiente los intereses generales de Galicia tanto en materia industrial como laboral, económica y energética. E incluso legal, aunque para determinar esto habrá que esperar todavía un poco a que se sustancien los recursos, si es que los hubiere.

Las respuestas, en todo caso opinables, parecen a día de hoy más afirmativas que negativas. Las empresas adjudicatarias habrán de llevar adelante sus proyectos industriales o, en caso contrario, monetarizar o dejar paso a otras, lo que proporciona al interés colectivo un margen confortable. Lo dice el conselleiro y tiene razón: se han sentado las bases para una política energética gallega. Y eso es un avance en la dirección correcta. Que falta hacía.

¿O no...?