No se entiende que el ministerio de Industria haya sido tan ineficaz en el asunto Vulcano. Por eso, su titular Miguel Sebastián tiene que rectificar ahora y actuar decididamente a favor de que finalmente se adopten, por el organismo público societario competente (Pymar) y que está en la órbita de su departamento, las medidas necesarias y procedentes. Unas medias que pasan así por hacer viable la disposición de las cantidades que desde esa entidad participada por los representantes del sector, comunidades autónomas y el mismo Ministerio, deben cubrir aval exigido a la empresa gallega para que pueda continuar con su labor.
Sin duda, las duras limitaciones impuestas a la competencia por las normas y prácticas de la Unión Europea juegan un papel terminante en el desarrollo futuro de esta problemática actividad industrial. Pero, corresponde a los responsables políticos, y muy en particular a los del Gobierno de la nación, utilizar el coraje suficiente para que ante situaciones extremas de gravedad como la que vive el astillero vigués, se superen dichos obstáculos competitivos. Porque, más allá de las dudas sobre las garantías jurídicas que se alegan con escaso fundamento desde la ejecutiva de Pymar, es imprescindible que se cree el clima que favorezca el trabajo de todos en común –Ministerio, Xunta, empresa y trabajadores– para salvar ese bien tan precioso, y escaso, que son los cientos de empleos de hombres y mujeres de Vigo que están en peligro de desaparecer.
