De modo que, y a la vista de la protesta del Bloque por la actitud de la Xunta, cada vez son más quienes coinciden en que lo que hace el Gobierno gallego en lo de la Ley de Cajas bordea la chapuza. Y no sólo por el hecho, visible, de que entre lo que aprobó en diciembre y lo que propone ahora hay distancia, sino porque ni siquiera parece ser ella quien marca el rumbo.
Y no se trata de criticar porque sí, como varios - y obtusos- exégetas del Ejecutivo autónomo denuncian. Es que se constata, si se mira bien, que las dos útimas iniciativas del equipo del señor Feijóo -la destitución por la fuerza del presidente de Caixanova y la solicitud de una cita entre presidentes- fueron, antes de salir de la Xunta, ideas de sus aliados mediáticos.
Ítem más: la evolución de las razones fusionistas -incluida la famosa auditoría de pago, tan endeble que nadie serio la menciona ya- confirman su fragilidad. Y eso se demuestra recordando lo pasos principales, desde el que abrió la polémica y que tantas veces repitió el inquilino de Monte Pío: que nada haría hasta conocer el informe del Banco de España.
A partir de ahí, seguramente presionado por urgencias nunca explicadas pero que quizá tengan que ver con apuros de sus aliados, el asunto entró en barrena. No se conoció informe alguno del Banco de España, se puso en duda los de las dos cajas, no sirvió otro de la Consellería de Facenda y, encargaron uno más para que los datos encajasen donde querían.
(El disparate creció cuando las propias cajas -y casi nadie en Galicia- no tuvieron acceso al contenido de esa auditoría, y de los famosos principios de "solvencia", "eficiencia" y "viabilidad" no se supo más que por proclamas políticas. Reaparecieron los de la adhesión inquebrantrable, sólo que ahora en alianza cos de abaixo firmantes; hosanna in excelsis).
Entretanto se proclamó lo de la galleguidad, el argumento supremo que tendría más empaque si el BNG lo respaldaba. Por eso la Xunta aceptó la iniciativa nacionalista, pactó algunas enmiendas y llevó por vía de urgencia la Ley de Cajas al Parlamento. Luego cambió: en las citas con el gobierno pasó del veto al SIP a la no beligerancia, y lo de Galicia uber alles empezó a sonar a falso.
El resto de las caretas está al caer: aquello, tan repetido, de que la Ley de Cajas era la voluntad del Parlamento. La Xunta propone cambios claves en el texto actual sin consultar al BNG, que lo apoyó. Ahora recula,quizá para no dar razón al señor Beiras que llamó tontos útiles a sus líderes. Por fiarse.
