A estas alturas, y aprobado el proyecto -parece que definitivo- sobre los nuevos parques de energía eólica, no ha de extrañarle a la Xunta que suscite, de salida, una cierta desconfianza. Y es que -y nunca mejor dicho- los vientos de duda que en su día levantó el PP en la oposición podrían ahora provocar alguna tempestad; política en la izquierda y económica en aquéllos a los que se les nieguen concesiones, que en esto también muchos son los llamados y pocos los escogidos...

Conste que los datos que se conocen mejor -y que no por casualidad son los que más le conviene a la Xunta que se sepan- suenan razonablemente bien. El primero es el canon eólico, porque va a permitir al país y sobre todo a los municipios en cuyos terrenos se instalarán los aerogeneradores recibir beneficio directo de su riqueza. Y como se regirá el reparto por la justicia distributiva, y además el que paga, puede y antes no lo hacía, miel sobre hojuelas.

El segundo de los datos, la retención del depósito de la fianza hasta que los proyectos que acompañen estén en marcha, parece una especie de vacuna financiera contra las ideas de Antoñita la fantástica, personaje que parecía haberse colado en algunos cartapacios anteriores. Y no es mala cosa la disuasión en ese sentido y, en otro, contra la tentación de lograr aprobaciones que después en lugar de tener el desarrollo prometido, se alquilan, traspasan o disimulan para beneficio de pícaros terceros.

Dicho todo ello, y con la venia, procede volver sobre la advertencia de los vientos y las tempestades a las que se hizo alusión. Si la Xunta no quiere pecar de lo mismo que denunció cuando no lo era, habrá de llevar adelante todo el proceso de un modo no ya transparente y con los requisitos que exige la ley sino con garantías adicionales de control. Y no porque alguien pueda pensar en trampas sino a causa de que los tiempos no están para timideces en la habilitación de cláusulas que impidan el menor resquicio por el que se cuele algún sinvergüenza.

Eso -que aunque vaya de suyo conviene recordarlo- aparte, hay otra cuestión más. Con fallos o sin ellos, el bipartito planteó un concurso en el que se incluían dos objetivos claves. Uno, dotar a Galicia de una política energética propia, elemento básico para el desarrollo futuro. Otro, permitir la creación de un núcleo empresarial gallego y adecuado para colaborar en el nacimiento de esa política. Los dos siguen siendo válidos, y no deberían desecharse sin más. ¿Eh...?