Uno de los axiomas más utilizados en el mundo de la práctica política –o al menos eso es lo que afirman sus principales protagonistas– es el de que pocas cosas hay peores para la credibilidad de un sistema que predicar algo y hacer lo contrario. Sobre todo cuando en el púlpito está el que promulga las leyes y en los bancos escuchan los que han de cumplirla.

Esto que precede viene a cuento de lo que pretende la Xunta con su proyecto de Ley del Suelo: nada menos que legalizar –alguien hablará enseguida de amnistía urbanística– la situación de miles de viviendas que se hallan ahora mismo fuera de normas y reglamentos, Cierto que están a la vista y su existencia resulta pública y notoria para cualquiera, pero aún así son ilegales.

El gobierno gallego, a la luz de lo que ha publicado FARO, tiene la intención de aplicar el viejo lema de "a lo hecho, pecho" y, por ello, arreglar lo construido y amnistiar a quien lo hizo. Se ahorrará así a buen seguro serios dolores de cabeza jurídicos y políticos aunque haya de pasarse por el forro otro axioma: el de "dura Lex, sed Lex". Pero como no hay mal que por bien no venga, punto.

Es más que probable que los autores del proyecto tengan ya preparado todo un arsenal de razones para afrontar las críticas que sin duda le lloverán, y no sólo desde la oposición. Y también cabe que entre ellas destaque una que pretende resaltar la utilidad de los propósitos gubernamentales: dado que en Galicia abundan las viviendas ilegales, es más práctico darles una amnistía que aplicarles la piqueta.

Ítem más: entre los exégetas de la Xunta estarán ya un par de juristas brillantes y algún picapleitos que ajustarán sus razones para encajar lo que se prepara en otro marco; la ausencia de planes o la difusa frontera que existe en el urbanismo entre lo que está bien y lo que no. Y como aquí siempre hay un roto para un descosido, es casi seguro que, bien manejado el argumento, se acepte o al menos consiga acallar parte de las protestas.

La cuestión está en qué pensarán, cómo se sentirán, que dirán y finalmente qué harán en el futuro, los muchos ciudadanos –la mayoría, sin duda– que cumplen las leyes, se atienen a los reglamentos y respetan las decisiones de quien tiene potestad para tomarlas. O sea, que eligen el camino de legalidad, más duro y complicado que el otro, y que ven como sus esfuerzos y su honestidad al final les llevan al mismo sitio al que llegan los otros por un atajo o a través de esa amnistía.

¿Eh...?