A la vista de los sucesos de las últimas semanas, desde el terrible episodio de Culleredo al doble crimen de Pontevedra, y a falta de datos concretos -escasez, por cierto, que caracterizó la etapa del señor Ameijeiras-, hay que convenir en que no le faltará trabajo al nuevo delegado del Gobierno en Galicia, por lo menos en asuntos de seguridad pública. Que, siquiera como sensación, ha bajado mucho de nivel en estos años.
No se trata, conste, de discutir las estadísticas que señalan que el número total de delitos es menor, sino de recordar que los graves han aumentado, entre ellos los de asaltos a viviendas ubicadas en zonas residenciales. Un cargo socialista insinuó que este tipo de acciones, por afectar a un segmento relativamente reducido de la población, no provocaba alarma social, pero semejante majadería fue rechazada hasta por sus colegas de militancia.
Aparte el narcotráfico, donde los éxitos policiales son notables pero a la vez demuestran lo mucho que queda por hacer para acabar con la mafia, es un hecho que las bandas organizadas actúan hoy más que antes y con eficacia creciente. Y eso, que es en sí grave, lo es aún más si se piensa que hace un tiempo, y para evitarlo, se ubicó aquí un grupo especializado en la lucha contra esa delincuencia; quizá tuvieran razón los que pensaron entonces que la decisión era más propagandística que realmente eficaz.
El señor Louro, que sustituye a don Manuel Ameijeiras, viene del Congreso, donde coordinaba a los diputados socialistas gallegos. No tuvo demasiado éxito, la verdad -y a la vista está lo que ocurre con las infraestructuras- pero como es hombre tenaz y sensato -y, aparte, no le dejan el listón muy alto- podrá ejercer su cargo, sobre todo en asuntos de seguridad, con tino a poco que mire más a su alrededor y menos a Madrid -ahora ya no lo hará hacia el Monte Pío- y sepa pulsar lo que quiere la gente corriente, que es la inmensa mayoría.
En todo caso habrá que esperar un poco para ver qué se le encarga a don Antón, y si es un delegado del Gobierno como institución o del PSOE que lo integra. Un dilema que, dicho sea de paso, es aplicable también a los nuevos cargos que la Xunta va a instalar en las cuatro capitales y en Vigo y que algún observador agudo definió ya más como “subpresidentes” que como “superdelegados”. Y no es un juego dialéctico: lo que sea marca la diferencia entre el empleo y el uso de la Administración Pública, que parecen la misma cosa pero que son del todo diferentes.
¿Eh...?
