Tres periodistas de este diario, Matías Vallés, Marisa Goñi y Felipe Armendáriz, recibieron hace dos años el Premio Ortega y Gasset concedido por el periódico madrileño El País. Sus reportajes aparecidos en el Diario de Mallorca acerca del traslado clandestino de presos a la prisión de Guantánamo a bordo de unos vuelos que hacían escala en Son Sant Joan abrieron la caja de los truenos. Pero el último episodio de esta historia no se conoció hasta hace unos días. Una filtración al mismo diario de los Ortega y Gasset, El País, puso de manifiesto la existencia del informe 3329/02, con carácter de "muy secreto", dirigido el día 10 de enero de 2002 por el director general Aguirre de Cárcer al entonces ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Aznar, Josep Piqué. En ese informe se ponía de manifiesto la voluntad de Washington de transportar talibanes a la base cubana utilizando aeropuertos españoles para el apoyo logístico a la operación. Dicho de otro modo, no sólo los reportajes de Vallés, Goñi y Armendáriz -negados por activa y por pasiva en aquel entonces desde la administración- reciben el certificado de validez más absoluto que cabe imaginar, sino que el presidente Aznar y sus ministros quedan bajo sospecha de irregularidades nada triviales.

A partir de ahí, el disparate. Como la puesta en marcha del ventilador desde las filas del Partido Popular para, a título de maniobra desesperada, llevar a cabo a la vez dos iniciativas que se contradicen. La primera, negar la existencia del informe ahora filtrado; un absurdo porque los documentos así dejan huella sobrada en todos los lugares por los que pasan. La segunda, acusar a Moratinos de haber filtrado ese mismo informe que dicen que no existe. Podría añadirse una coletilla aún: la típica del "y tú más", al alegar que los vuelos se realizaron en su mayor parte durante el mandato socialista. Aunque, puestos a ampararse en excusas ridículas, ninguna como la insistencia por parte de Piqué y el entorno de Aznar amparándose en diversas ignorancias.

Pero el disparate no afecta sólo a los populares. En la ceremonia de entrega del premio Ortega y Gasset, el presidente Rodríguez Zapatero aseguró a los periodistas del DM, delante de testigos, que él desconocía -también él- la existencia de los vuelos clandestinos. Pues bien, una vez hecho público el informe de Aguirre de Cárcer, o bien el gobierno saliente de Aznar ocultó a su sucesor documentos de Estado, cosa que constituye un delito, o el actual se apuntó a la cadena de las mentiras anteriores. A juzgar por el carácter muy secreto del informe y su cuidadosa custodia, el asunto era tan vergonzante como para ocultárselo a la opinión pública. Pues bien, de mucho mayor calado que los vuelos en sí mismos es la maniobra de esconder las pruebas e incluso quizá destruirlas. Esperemos que no tengamos que esperar tres cuartos de siglo, como ha sucedido con la Guerra Civil, para que un juez digno de tal nombre tome cartas en el asunto.