Pagar peaje al capitalismo

Un fondo de pensiones dependiente de un banco norteamericano, que fue salvado momentáneamente de la quiebra con una inyección de dinero público, acaba de comprar la concesión de las tres principales autopistas de peaje de Galicia al hasta ahora titular de ese derecho, una empresa española que también estaba al borde del colapso por acumulación de deudas en otros negocios. Es decir que, la concesión ha pasado de las manos de un presunto insolvente nacional a las de otro presunto insolvente extranjero, sin que nadie vea claras las ventajas de la operación desde el punto de vista del interés general. El Estado español podría haber acudido al rescate de la concesión, dada la evidente incapacidad, la mala gestión y el preocupante estado financiero tanto del vendedor como del comprador, pero ha preferido mirar para otro lado, porque el papel de los gobiernos en un sistema capitalista consiste en pagar las facturas de los excesos que comete la oligarquía financiera. Por su parte, la administración de la comunidad autónoma afectada se limitó a manifestar su inquietud por lo sucedido y a lamentarse de su incapacidad para intervenir en el caso. Los avatares de esta concesión, y la trayectoria de los agentes políticos y económicos implicados en ella, podrían servir de ejemplo para ilustrar el proceso acelerado de subordinación del interés general al interés particular que tuvo lugar en estos últimos años con el catastrófico resultado de todos conocido. Hagamos un poco de historia. Aún no hace mucho tiempo, en mayo de 2003, el gobierno español, presidido entonces por José Maria Aznar, en vez de optar por la explotación pública de unas autopistas ya amortizadas, prefirió adjudicar la renovación de la concesión a un consorcio de empresas españolas por la módica cantidad de 1.586 millones de euros y una expectativa de beneficios cifrada en poco más de 25.000 millones. Durante los primeros cinco años de vigencia del contrato, se impuso a los concesionarios la condición de preservar la españolidad del accionariado mayoritario, lo que dejaba la puerta abierta a la toma de control por un hipotético socio extranjero en un futuro inmediato. Transcurrido el plazo, tal posibilidad se ha consumado mediante el pago de 7.887 millones de euros, una cantidad que acredita la estupenda rentabilidad del negocio. A partir de estos datos, nadie puede pronosticar que el concesionario norteamericano vaya a garantizar un mejor servicio. Una entidad que ha rozado la bancarrota, que acumula pérdidas superiores a los 50.200 millones de euros, y que va a despedir a 50.000 empleados, no inspira demasiada confianza. ¡Quien le iba a decir a los usuarios de las autopistas gallegas que iban a contribuir con sus peajes al hipotético mantenimiento de las pensiones de unos jubilados norteamericanos!. Con lo bien que estaría ese dinero en las manos del Estado español para ir cubriendo una parte de las muchas necesidades que tiene que atender. Empezando por las pensiones propias y acabando por las ayudas a los capitalistas incompetentes.