A estas alturas, y desde el horror de los hechos de Pontecaldelas, quizá no esté de más alguna reflexión que añadir a las ya realizadas por muchos. Pero no tanto para saber qué falló en la pulsera de control del recluso que mató a su pareja o hasta qué punto es razonable eso que atribuyen al director de la cárcel de la que salió con permiso sobre que su conducta estaba "normalizada", sino acerca del hecho mismo de que estaba fuera cuando por desgracia quedó demostrado que debería estar dentro.
Conste que no se trata de negarle importancia al correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos -en lo tocante al material de que el Estado dispone para según qué asuntos hay razones para desconfiar de su utilidad- de control, sino de profundizar en el problema de la violencia de género y de los medios reales con que se cuenta para combatirlo. Lo de las pulseras electrónicas es relativo; tanto que incluso en caso de funcionar no le hubiera salvado la vida a la persona asesinada, porque no era ella la mujer a proteger. Hay, por tanto, más en qué pensar.
En este punto, y antes de proseguir, parece necesario decir de una vez, aunque suene desagradable, que ningún gobierno civilizado resistiría el dato de sesenta personas muertas en menos de un año en cualquier otra actividad delictiva, y mucho menos si resultasen víctimas de terrorismo. Quizá por eso a la hora de habilitar recursos hay una diferencia sideral entre los que van a proteger a mujeres amenazadas o a políticos en riesgo. Y no se trata de comparar ni establecer prioridades específicas: sólo de reflexionar acerca de cifras reales y sobre la proporción de elementos de seguridad entre colectivos que son medibles y además identificables.
A partir de ahí es preciso añadir otro dato: al contrario que al tratar determinado tipo de delitos en los que nadie osa manejarse desde el "buenisno", en la violencia contra las mujeres, los mayores o los niños hay un margen para, al menos en apariencia, permitir que el maltratador tenga una presunción de rehabilitación que en la práctica no demuestra. Y corregir eso puede que no requiera otra Ley, ni endurecimiento de penas, pero desde luego al menos sí otros Reglamentos, sobre todo el penitenciario.
Y es que, guste o no, hay determinados supuestos que no se tienen en pie a día de hoy; uno de ellos, que la cárcel rehabilita. Por mucho que lo diga la Constitución, eso no es así, al menos no estas cárceles, algo que debiera tenerse en cuenta más de lo que se tien. ¿O no...?
