Uno de los datos más llamativos de cuantos se manejan en el debate -a día de hoy intramuros, pero que sin duda trascenderá después de las elecciones- sobre el mapa financiero de Galicia es que los partidarios de su concentración aducen sobre todo razones de tipo teórico, mientras que quienes defienden el status quo argumentan desde la práctica. Lo que no zanja la cuestión en favor de unos u otros, pero desde luego resulta significativo y puede dar pistas acerca de cómo acabará el asunto.

Los fusionistas -dicho en lenguaje coloquial- insisten en que en momentos de reformulación del sistema financiero es aconsejable el tamaño, primero porque permite competir mejor, se puede controlar -por la autoridad monetaria, naturalmente- con mayor facilidad y, segundo, porque genera economías de escala. Y añaden que, visto lo que está ocurriendo, esos son elementos que han de considerarse con prioridad a otros, incluidos los territoriales o los históricos, especialmente presentes en este país bien por las cajas de ahorro o por los Bancos Pastor o Gallego.

Los partidarios de dejar las cosas como están -o que, como mucho, defienden la introducción de criterios de coordinación y control más estrictos- recuerdan que en este país ya ha habido procesos de fusión que desembocaron en Caixa Galicia y Caixanova, y que la excelente situación de las cajas gallegas en el ránking español demuestra que su funcionamiento resulta adecuado. Y, sobre todo, permite afirmar que cumplen bien el doble papel para que, en síntesis, ambas instituciones nacieron y se desarrollaron: servir a sus clientes y Galicia.

En este punto cumple añadir que, a pesar de que entre quienes están por el cambio en el mapa financiero hay figuras de reconocido prestigio y, sin duda, un nutrido sector de los especialistas, a día de hoy son más, y tan prestigiosos, los que prefieren que las cosas sigan como están aunque, como es natural, corregidas en todo aquello que lo necesite. Pero teniendo en cuenta un lema que también en economía debe aplicarse: que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno.

A partir de todo lo dicho, y algunas cosas más que podrían añadirse -sobre todo acerca de la problemática territorial que provocaría esa remodelación, algo que en estos tiempos debería evitarse-, parece evidente que la cuestión habrá de resolverse mediante el "factor P" -de política y de Parlamento- con una nueva Ley de Cajas para resolver no cuántas debe haber, que hay las precisas, sino cómo pueden funcionar aún mejor para la gente y para el país.

Tiempo habrá, sin duda, para volver sobre estos asuntos, pero quizá convenga otra matización: la política no ha de ser para disputarse entre los partidos quién manda en las cajas y en los bancos, sino para aplicar al sistema financiero gallego el máximo de sentido común y, sobre todo, de lo común. ¿Eh?