La ecotasa del turismo gallego

En Galicia existen cuarenta municipios catalogados con la categoría de turísticos: Once en A Coruña, otros tantos en Pontevedra, y nueve respectivamente en las provincias de Lugo y Ourense. Los alcaldes de los concellos más frecuentados del Sur de Galicia, Sanxenxo, O Grove y Baiona, se han mostrado contrarios a esta medida, por considerarla lesiva, ya que el beneficio que se deriva de nutrir las arcas municipales tiene el contrapeso del perjuicio que causa al pueblo con la probable disminución de la llegada de turistas.

Es el sector hostelero el que se manifiesta más reticente, al argumentar con el dato incontrovertible de la actual situación de crisis, ya que en plena temporada los hoteles rondan el sesenta por ciento de ocupación. Una ecotasa tendría efectos demoledores en Galicia, con un turismo de dos meses y dependiente de circunstancias económicas y meteorológicas.

Cualquier mala noticia que transmitan los hombres del tiempo sobre previsiones de lluvia puede causar un serio quebranto en las visitas y pernoctaciones. De ahí la insistencia de los hosteleros del Sur para que los meteorólogos no engloben a Galicia en un todo y diferencien las zonas: la del Sur, normalmente más cálida, y la del Norte, más nubosa.

Pero no todos están en desacuerdo con el proyecto de Ley. El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) se ha mostrado conciliador con las posibilidades que ofrece. Pero reclama una actitud positiva a los concellos que deben empezar a autofinanciarse con los propios recursos que permite la legislación. No pueden acudir indefinidamente a las administraciones superiores para que les cubran todos los gastos, porque resulta más cómodo eludir los impuestos y cargar a otros con esa responsabilidad.

La posibilidad de imponer tasas especiales por servicios turísticos no es nueva. Lo contempla indirectamente la Ley de Administración Local gallega de 1997.

Según prevé la futura Ley de Turismo, los concellos tienen que atender los servicios mínimos que corresponden a la suma de los residentes y la población flotante que acogen en determinadas épocas del año, deben garantizar los servicios de policía, la protección de la salubridad pública y de la higiene, la correcta señalización e información a los turistas.

Los gastos derivados de la llegada masiva de visitantes en verano se multiplican en los ayuntamientos por la recogida de basura, el consumo de agua, la seguridad y limpieza de las playas, los parking, la inspección y atención de los establecimientos hosteleros y un sinfín de servicios de temporada que deben implantarse. La ecotasa, que en otros lugares pretende proteger el medioambiente, en Galicia tendría como principal objetivo aliviar el sobrecoste que genera el turismo.

El ejemplo más polémico, y que todos tienen como referente, para unos positivo para otros negativo, es la ecotasa establecida en 2001 en Baleares, con la que se gravaba la estancia en hoteles y apartamentos a los once millones de turistas que llegaban al año con un impuesto diario de 2 a 0,25 euros.

La finalidad de dicha actuación era frenar la búsqueda de rentabilidades inmediatas, que propician la masificación y causan el deterioro de los recursos, desde las playas al paisaje y los monumentos. La ecotasa preveía recaudar 72 milones de euros anuales, sin embargo, en 2004, un año después de su eliminación, los hosteleros de Baleares aún debían 51 millones del impuesto por estancias en los hoteles. Es una prueba del fracaso del experimento que implantó el gobierno de coalición de socialistas, verdes y nacionalistas, que ha recuperado el poder tras las elecciones de la pasada primavera.

La Ley del Turismo gallego todavía se encuentra en fase de desarrollo, y ya no afectará a la temporada en curso, ya que debe aguardar al nuevo periodo de sesiones parlamentarias. Pero es evidente que los concellos necesitan cada vez más recursos y la ecotasa es una solución-

En cualquier caso, la decisión dependerá de cada corporación, y de su disposición a introducir este tributo o a prescindir del mismo, aunque la Xunta que legisla siempre tendrá a mano el argumento de castigar económicamente a aquellos municipios que se nieguen a implantar el impuesto turístico si se aprueba la Ley.

El debate está servido, y es conveniente que el ciudadano opine sobre un sector en crecimiento que cada vez emplea más mano de obra y aporta más al PIB autonómico, pero que tiene contrapartidas como la amenaza contra los recursos naturales si no se protegen convenientemente.

Es deseable que la definitiva redacción de la Ley gallega tenga en cuenta todas las opiniones y sea fruto del mayor consenso. No existe un criterio unánime sobre la ecotasa, por eso es oportuno un debate público que puede resultar clarificador.