Así pues, publicadas al fin la líneas generales de la ordenación -territorial- del país a las que la Xunta ha dedicado tres años, quizá lo primero que proceda es decir que tras tan larga espera se aguardaba bastante más. Y no tanto a causa de que el resultado parezca endeble -que muy sólido no aparenta, la verdad- cuanto porque es muy previsible, demasiado convencional y, por tanto, no se entiende el motivo de una gestación tan prolongada y un parto tardío. Tanto que ya no hay en esta legislatura tiempo para despachar la tarea, al menos no comm´il faut.
Y no se trata de criticar porque sí. La Ordenación Territorial de Galicia es un asunto clave que reclama -y por supuesto merece- tiempo para explicarse, paciencia para discutirla y un gran talante negociador. Y, dicho sin el menor ánimo de molestar, nada de eso abunda: ni el tiempo, con una legislatura a la que apenas queda un periodo de sesiones y una COTOP cuya arrogancia y escasa capacidad de gestión tienen enragés hasta a los más veteranos y pacientes militantes del Partido Socialista, incluyendo por supuesto a buena parte de sus alcaldes.
Claro que eso, con ser un serio problema, no es ni mucho menos el peor de los posibles: si se cumplen talcomo, esas directrices agravarán las diferencias poblacionales entre la Galicia urbana y la rural y además las económicas entre los ejes metropolitanos. Dicho de otro modo, potencia un país de dos velocidades y por lo tanto puede contribuir a desordenarlo en vez de a lo contrario; y no están los tiempos, ni las perspectivas, como para correr un riesgo semejante sin disponer de la legitimidad que proporciona un respaldo electoral suficiente.
En este punto -el de los desequilibrios- podría añadirse quizá otro par de reflexiones. Una, para recordar cuánto de inoportuno puede existir en una decisión que se tomaría contra la voluntad de buena parte de los afectados -en el caso del eje Pontevedra/Vigo, por ejemplo, tiene el rechazo de ambas cabeceras- y, otra, para insistir en la necesidad de dibujar mejor las características y funciones del esquema que se propone. Y se observa ya en el mapa suficiente complejidad -que algunos llaman confusión- territorial como para arriesgar todavía un aumento.
Con lo que hay a la vista no debe extrañar que existan quienes, en el entorno mismo del Gobierno gallego, duden no sólo de la idoneidad de las directrices elaboradas, sino de la capacidad política de sus autores para aplicarlas. Teniendo en cuenta sobre todo que ésa es tarea que requiere virtudes específicas -resumidas, las de "ciencia, prudencia y conciencia"- que, como quedó dicho, no abundan.
¿O sí...?
