Meses después de que el paro, los precios y las hipotecas tomasen la pista de despegue hacia el cielo de la crisis, la Xunta ha decidido ordenar al pasaje que se apriete los cinturones. Para empezar, el conselleiro de Economía al mando de la nave acaba de pedir a los empresarios gallegos que les ajusten las cuentas y el sueldo a sus trabajadores: no vaya a ser que se envicien y hagan subir los precios. Luego ya se verá si se les congela o no la nómina a los altos cargos y cargas de la Administración.

Naturalmente, la Xunta se limita a secundar el plan de navegación del Gobierno contra la crisis (o la acelerada desaceleración) en curso. No en vano el presidente Zapatero se reunió el otro día con un selecto grupo de constructores y grandes financieros para garantizarles bajo palabrita del Niño Jesús que el "crash" de la economía no va a afectar a sus cuentas de resultados. La Historia enseña, en efecto, que las crisis no son para los que se las trabajan, sino para los trabajadores.

No obstante, la orden de apretarse los cinturones choca con algunas dificultades técnicas en el caso de Galicia. Se requieren dotes de mago de los números, desde luego, para rebajar las nóminas de apenas 600 ó 700 euros que cobran aquí muchos de los mal llamados "mileuristas". Y más complicado aún será mejorar la productividad empeorando sus precarias condiciones laborales.

Salvo que se restablezca por decreto la esclavitud, como en cierto modo propone la Unión Europea con las 65 horas de trabajo semanal, mucho es de temer que ya no queden agujeros que apretar en el cinturón.

Padeciendo como padecen los sueldos más roñosos y las pensiones más avaras de España, resulta un tanto abusivo pedir a los gallegos que renuncien a su desaforado tren de vida en aras del bien común. Una simple congelación de salarios les supondría en la práctica una rebaja de ingresos, dado que la escalada de la inflación no tardará en alcanzar niveles del 5 o del 6 por ciento. Ese será el mordisco que reciban cada año en su nómina los currantes, como cualquiera puede deducir sin necesidad de haber estudiado en la London School of Economics.

Ya que se les ve con tan buena si bien algo tardía disposición para hacer frente a la crisis, tal vez los gobernantes gallegos y los españoles en general pudieran empezar por dar ejemplo.

En el caso de Galicia, lo tienen fácil. Bastaría con que renunciasen al sobresueldo vitalicio de hasta 15.000 euros anuales que los políticos autonómicos se concedieron a sí mismos en uno de los pocos acuerdos que contaron con la aprobación unánime de Gobierno y oposición.

Para conseguir tal privilegio es suficiente con ejercer durante al menos dos años cualquier cargo, canonjía o curato de medio pelo en la Administración gallega. Cumplido ese plazo, los gobernantes y ex gobernantes que tengan la condición de funcionarios -es decir: la mayoría- ya podrán llevarse a casa el bingo acumulativo de dos millones y medio de pesetas anuales como propina a perpetuidad.

Calculan los sindicatos que esa regalía beneficiará a unos 2.000 ex altos cargos, más que los puedan sumársele en el futuro. No hay que echar muchas cuentas para concluir que la supresión de tan gratuito y a la vez costoso plus ahorraría decenas de miles de millones de pesetas cada año al tesoro público de este reino.

Infelizmente, no parece que el Gobierno o siquiera la oposición estén por la labor de suprimir ese injusto privilegio retromedieval del que, en realidad, ya se están beneficiando más de un centenar de agraciados.

Se conoce, en fin, que la orden de apretarse los cinturones sólo rige para aquellos desgraciados cuya nómina total equivale en no pocos casos al plus de Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como) con el que los políticos galaicos han decidido darse un homenaje. Será que llevan tirantes en vez de cinturón.

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