Hundido en la miseria por el anterior monarca Don Manuel, el Reino de Galicia está a punto de alcanzar por fin el cenit de su poderío gracias a la brillante gestión de los sucesores de Fraga. Ahí están para demostrarlo las cuatro nuevas áreas de mando valoradas en nueve millones de euros que la Xunta acaba de arrancarle al Gobierno de España.

Tras una negociación presumiblemente durísima, el vicepresidente y ministro de Exteriores Anxo Quintana logró anteayer que el gabinete de Zapatero transfiriese a Galicia la administración del Parque das Illas Atlánticas, pero eso fue sólo el aperitivo. A mayores también obtuvo el traspaso de la plantilla del Hospital de Defensa de Ferrol, el derecho a expedir títulos académicos no universitarios y la competencia para declarar de utilidad pública a las asociaciones. De ahí a la plena soberanía apenas queda un paso.

Con semejante acopio de poderes sumados a los que ya tenía, el Gobierno autónomo bien podrá hacer frente a la crisis económica que pende sobre el país como un nublado. Tanto da que el paro suba al 10 o al 20 por ciento, que los precios de la comida devoren el sueldo de los trabajadores o que la flota gallega se hunda ahogada en gasóleo. Malo será que una Xunta recién capacitada para despachar títulos de bachillerato y con mando en plaza sobre las Cíes y las Ons no pueda poner remedio a esos graves inconvenientes.

Rezongarán tal vez los quejicosos de siempre que las nuevas competencias son poco más que humo: el calificativo que precisamente dirigieron los actuales gobernantes al vaporoso Plan Galicia cuando estaban en la oposición. Quizá no les faltase razón entonces.

Como esta es tierra que abunda en paradojas, las cuatro facultades ahora traspasadas a la Xunta son justamente el pago al apoyo que la parte nacionalista del bigobierno gallego dio en su día a la ministra de Fomento Magdalena Álvarez para impedir su reprobación por el Congreso, el Senado y el Parlamento autónomo. A cambio de defender en todas esas asambleas a la gobernanta que mandó "a la mier..." el Plan Galicia, los nacionalistas -y sus socios- han obtenido el trascendental derecho a gobernar un parque y declarar de utilidad pública las asociaciones. Más no se puede pedir.

Cierto es que el Gobierno ha vuelto a negar a Galicia por tercera o cuarta vez el derecho a controlar el tráfico que ya ejercen desde hace años los reinos autónomos del País Vasco y Cataluña mediante sus propias policías de carreteras. Argumenta la ministra del ramo que existen "ciertas diferencias de criterio" que, al parecer, no impidieron el traspaso de esos mismos poderes a las otras dos nacionalidades históricas aludidas en la Constitución.

La demanda había sido formulada ya -contra lo que pudieran sugerir las apariencias- por el anterior gobierno de Don Manuel, que en su día planteó un proyecto de cesión de las competencias de tránsito a Galicia por el que se invitaba a los motoristas de la Guardia Civil a integrarse en un nuevo cuerpo policial autonómico. (La petición fue rechazada entonces, dicho sea de paso, por uno de los actuales conselleiros de la Xunta, bajo la premisa de que el Estatuto gallego no admitía nuevas ampliaciones en materia automovilística).

Ahora que Galicia circula -políticamente- por la izquierda, como los ingleses, el Gobierno ha vuelto a rechazar la petición argumentando más o menos lo mismo. Es decir: que lo que vale para Cataluña y Euskadi no tiene por qué valer necesariamente para este reino que a su esquinada situación en el mapa une la triste condición de ser pobre así en industrias como en votos.

De todo ello se deduce que el poderío de Galicia es más bien menudo, aunque a los optimistas siempre les quede el recurso de de invertir el orden de la frase para afirmar: "¡Menudo poderío tiene Galicia!". Si hasta gobierna sobre los títulos del bachillerato...

anxel@arrakis.es