Pues la verdad es que, dicho con el mayor de los respetos y aceptando opiniones en contrario, es más que probable que cualquiera que lograra situarse por encima de la melée que tienen montada la Fegamp y el BNG acabase por echarle casi toda la culpa del alboroto a la Federación. Y eso porque, aún aceptando -que sería mucho aceptar- que la norma sobre el hábitat que entra en vigor mañana afectase a la autonomía local, hace tiempo que habrían tenido los alcaldes y su entorno que marcar las fronteras y cuidarse de defenderlas para evitar invasiones.
Es evidente, por supuesto, que para esa tarea le faltan competencias y que en cualquier caso la última palabra la tendrían otros, pero también lo es que aparte de la oratoria, más o menos brillante, el dichoso municipalismo en Galicia se ha quedado en fase teórica. Ni fueron capaces los alcaldes del PP -cuando eran muchos más que ahora, la Xunta de su color y el gobierno central amigo- de dejar claros de una vez los campos, ni lo resolvió siquiera el Pacto Local por el que el PSOE apostó con el señor Méndez Romeu, pese a ser el primero y un avance sustancial.
Y hay más, por supuesto: cuando los municipios defienden la autonomía que les corresponde por derecho, debieran hacerlo en toda su dimensión e incluso urbi/et/orbi y no solo -al menos en apariencia- en una dirección específica. Porque ya estableció Pirandello aquello de que así es si así parece, y la verdad es que en este lío del decreto sobre la vivienda parece demostrado que hay rivalidades partidistas, y por lo tanto electorales por medio. Y no debería haberlas, porque la cuestión es seria y sus consecuencias en estos tiempos pueden resultar funestas.
A estas alturas, y para que nadie entienda mal, procede una reflexión añadida: no se critica que exista política en este asunto, que faltaría más, ni tampoco que pudiera haber discrepancias entre municipios y gobierno gallegos. Pero no es de recibo que en vez de buscar soluciones y trabajar en común para beneficio de los ciudadanos, lo que se note sea una trifulca en la que cada una de las partes parece competir en despropósitos, de momento sólo verbales. Porque el espectáculo resultante es, como mínimo, tercermundista y los ciudadanos no lo merecen.
En ese sentido, y sin pretender decirle a un gobierno lo que ha de hacer, parecería sensato que la Xunta reforzase su imagen de unidad en este asunto, y por supuesto los partidos que la sostienen también. Porque no es de recibo que el PSOE, verbigratia, se ponga a defender a su correligionario presidente de la Federación cuando éste condena una decisión que procede de la Xunta como consorcio -por emplear un lenguaje coloquial- en el que está su partido, pero pretendiendo dirigirla sólo al otro socio. Porque, y conviene repetirlo, eso no es serio, y cuando falta seriedad, o lo parece, se complica todo.
¿Eh...?
