Mientras las administraciones, en general, se han modernizado, la de justicia se ha quedado atrás. En realidad su situación sería inconcebible -desde el punto de vista funcional- de no ser por dos elementos consustanciales suyos que, de hecho, han operado como factor de inmunidad: la independencia y el autogobierno. La independencia judicial es del todo necesaria (y constitucional), pero en no pocas ocasiones ha sido excusa para hacer de un Juzgado o Tribunal un reducto de ineficiencia, exento de control real. El autogobierno de los jueces es clave para un poder judicial autónomo, pero si no lo anima un fuerte impulso de autoexigencia degenera en corporativismo. Aunque independencia y autogobierno son intocables, a la justicia le ha llegado la hora de funcionar de una vez como una empresa de servicio público, jerarquizada, sujeta a objetivos y eficiente.
