De modo que, comprobado que no hay demasiado interés desde el Gobierno central en aumentar el ritmo para la transferencia de competencias a Galicia -la última visita del señor vicepresidente de la Xunta a Madrid lo dejó bastante claro-, no se sabe bien qué produce más sorpresa, si esa postura o el vacío que aquí hacen algunos sectores a quienes, como don Anxo Quintana, la denuncian. Y es una incógnita ésa que debiera eliminarse cuanto antes porque hay mucho en juego y no es superficial determinar dónde están los jugadores.
En este punto no parece inoportuno recordar que de lo que se trata es de competencias que están en el Estatuto vigente, y que por unas culpas u otras -de esta Xunta y de las anteriores- todavía no se han transferido. O sea, que no hay en absoluto una ofensiva soberanista de una parte del BNG, deseosa de poner en apuros a la otra parte, ni se trata de un intento espurio de estirar más el brazo que la manga, como insinúa el PSOE: sólo se pretende hacer lo que los romanos definían como ius, y que se resume, traducido. en "dar a cada cual lo que le corresponde".
Hay más, claro. De que el Estado cumpla con Galicia en lo que a derechos se refiere -dicho de otro modo, que pague esta deuda histórica- depende en buena medida el éxito de la estrategia de quienes hoy gobernar aquí, y que consiste -tras imputarle indebidamente el fracaso de la reforma estatutaria en solitario al PP- en decir que, a la espera de otra oportunidad, el mejor método para no resultar perjudicados por el "parón" sería aplicar el viejo Estatuto a fondo. Y mal podrá hacerse eso cuando le falta, en términos de capacidad, una parte de sus recursos.
Algunos observadores, que se preocupan más de la tesis que de la praxis, dicen que lo peor de cuanto acontece no es la actitud rácana de Madrid, sino lo que entienden cambio de mentalidad, o de estrategia, del PSOE gobernante para con las reclamaciones periféricas. Los más desconfiados sospechan que no sólo hay motivos electorales en la aparente "jacobinización" y, por tanto, temen que después de marzo las cosas sigan igual, lo que implicaría que el atasco aquí, y al menos hasta las próximas elecciones autonómicas, resultaría inevitable.
Lo que sea sonará, y se verá entonces si tienen razón aquellos o los que sostienen que, en caso de que el señor Rodríguez Zapatero repita en Moncloa, las facilidades a los nacionalistas serán aún mayores que antes. Algo que, en el fondo, importa menos, porque el problema real no consiste en medir la influencia del BNG, CiU o la Esquerra, sino sencillamente determinar hasta qué punto los derechos de los ciudadanos se conseguirán mejor con un esquema abierto y flexible o con otro más cerrado y rígido; que también eso es lo que se va a dilucidar en unos meses.
Y eso es aparte de que algún asunto concreto, como el de tráfico, deba tomarse literalmente o no: la batalla, parece, está más allá de quién firma las multas. Por lo dicho y lo que podría añadirse.
¿Eh..?
