De modo que, ratificada por la Xunta su intención inicial de corregir la jornada escolar eliminando la reducción aplicada ahora en junio y septiembre, no han esperado los interesados en opinar, los directos y los otros. Y, como ocurre en los últimos tiempos, la pluralidad de criterios no parece que vaya a servir para hacer la luz, virtud que el refrán atribuye a la discusión, sino más bien para aumentar el jaleo; sobre todo por la distancia que separa a las familias, cuyas organizaciones apoyan el cambio, y los sindicatos, que no.

Los partidos políticos aún no han entrado de lleno en la cuestión, y probablemente por eso todavía queda margen para buscar un acuerdo que todos -incluyéndoles a ellos- parecen preferir. Lo que no debe extrañar: en vísperas, o casi, de unas elecciones, tener contentos a muchos puede ser una bendición, y quizá por eso no se han cavado trincheras -dialécticas, pero hondas- en este campo como ocurrió en otros. A lo que puede haber contribuido, quizá, que los horarios no tienen ideología.

Hasta ahora, la mayor parte de los observadores han dicho que la decisión de la Xunta resolverá, sobre todo, un problema familiar más que docente: aliviará la situación que atraviesan muchas parejas que, con horarios laborales inconciliables, sencillamente no tienen a quién dejar a sus hijos con cierta garantía. Es verdad que hay lo que antes se llamaba "servicio doméstico", y que se recupera aún más a los abuelos/as como recurso -de su papel, poco valorado por la Administración, habría mucho que hablar- pero aún así el problema subsiste.

Y en este punto, precisamente, es en el que menos suena la discusión, siendo como es, quizá, el más importante. La eliminación de la jornada reducida no se hace con fines pedagógicos. que es lo que correspondería a la autoridad docente, sino funcionales y sociales, y eso resulta paradójico. Sobre todo porque, dicho con todo respeto, podría desvirtuarse el papel básico de la escuela, que es el de enseñar y el de colaborar con otras instancias, como la familia, pero no sustituirlas.

Se dice cuanto precede por una razón básica: los centros escolares no son guarderías, ni pueden ni deben ejercer esa función. Primero porque no le corresponde, segundo porque no están preparados y, tercero, porque los docentes no tienen por qué asumir una responsabilidad que es de otros. Incluso de la Administración, que habrá de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar también, y quizá antes, por otras vías. Por eso se ha oído ya, y con mucha razón, que los profesores y profesoras también han de conciliar sus propias vidas profesionales y familiares.

En el horizonte se dibujan ya otros asuntos, relacionados con éstos pero de mayor complejidad, y quizá por eso la consellería debería cerrar cuanto antes los flecos. Por prevención, más que nada.