Así pues, oída la escasa versión oficial, y dicho con todo respeto para las fuerzas de seguridad del Estado, lo que se sabe no permite que los vecinos de Nigrán -y comarca: en Gondomar hay quien tiene miedo- puedan dormir tranquilos después del episodio de la bomba que se descubrió en una obra de la villa. Especialmente si se le añaden otros casos en los que alguien quemó el vehículo de un concejal y, antes aún, algunos cargos públicos más recibieron también diferentes amenazas.
La posible relación entre esos sucesos dio origen a la denuncia sobre la existencia de una hipotética organización mafiosa relacionada con presuntas corruptelas urbanísticas y la apertura de una investigación por orden judicial que concluyó sin las pruebas que permitiesen confirmar lo de la trama. Pero aparición de una bomba, fuese para asustar o para objetivo peor, resulta ya asunto a definir con palabras mayores que debieran obligar no sólo a una investigación ad hoc, sino a una revisión de todo lo demás.
(Algunos observadores han dicho ya que el supuesto origen portugués de determinados elementos empleados en la fabricación o uso de explosivos podría confirma una cierta conexión con determinadas redes que, supuestamente dedicadas a la violencia "de baja intensidad", operarían en el país vecino, tendrían -siempre según algunas especulaciones carentes de pruebas, pero extendidas- la tarea de asustar o mandar recados, en el argot de ciertos delincuentes, por un precio. Pero si hubiesen pasado del mamporro o la paliza a la bomba, habría que variar el enfoque.)
Sea como -y quien- fuere, esto de Nigrán, por ahora sin resolver, se une a otra serie de misterios entre los que destaca sobremanera ka colocación de otra bomba que costó la vida a dos personas en Redondela hace ya un cierto tiempo. La coincidencia del modo artesanal en la fabricación de los artefactos puede significar, siquiera para los profanos, algún tipo de relación. Y eso produce una cierta alarma social que la autoridad correspondiente -la policial y la judicial- debe abordar cuanto antes y resolver sin demora.
En un país tensionado, donde hay ya riesgo evidente de que alguien ceda a la tentación de resolver los conflictos a patadas, todo lo que se relacione con formas de violencia debe ser tratado con energía por el Estado de Derecho. Y energía quiere decir la ausencia absoluta de titubeos para localizar el origen, identificar a los responsables y aplicarles el peso de la Ley. Sin concesiones a cualquier consideración que no sea la necesidad de reforzar en los administrados la convicción de que el Estado funciona. Punto.
Dicho todo lo anterior, cumple añadir otra cosa: la exigencia de todo lo dicho no excluye ni atempera otro elemento necesario: el de la colaboración ciudadana con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Una colaboración que no consiste en la delación ni el chivateo, sino en la participación activa en la tarea, que ha de ser común, para proporcionar tranquilidad efectiva la vida cotidiana. Ni más, ni menos.
¿O no...?
