La oposición sospecha que el Gobierno mantiene abiertas ciertas líneas de contacto con el mundo de la izquierda abertzale vasca pese a que tras el atentado de Barajas, formalmente, no existen contactos con la dirección de la ETA. Miguel Sanz, el presidente de Navarra, cree haber encontrado una evidencia en el hecho -llamativo- de la retirada de la acusación del fiscal en el caso Otegi -procesado por enaltecer la figura de Olaya Castresana, una terrorista cizallada por la bomba que intentaba armar. También el traslado del etarra De Juana Chaos a un hospital de San Sebastián ha sido interpretado por Rajoy como un gesto hacia ese mundo de las sombras que con una mano hace política (Batasuna) y con otra pone bombas (ETA).

Si los esfuerzos de los portavoces gubernamentales animando a la izquierda abertzale a que se presente a las elecciones resultan patéticos, escuchar al Fiscal General del Estado decir que lo dicho por Otegi en el funeral de Olaya Castresana no es enaltecimiento del terrorismo, resulta chocante. Chocante o político, demasiado político, para ser espontáneo. Que el ministro Rubalcaba haya dicho que a día de hoy no hay contactos con la dirección de la banda seguramente sea verdad; pero que el presidente Zapatero no ha abandonado la idea de restablecerlos, también. Todas sus anfibologías cuando habla de este asunto apuntan en esa dirección. De ahí nace la sospecha de que mantiene una agenda oculta.