Así pues, con el país entero cabreado por el asunto de los pilotos de "Iberia" -los afectados directos porque lo son, y el resto tras conocer más detalles de lo que ganan, lo que piden y lo que están dispuestos a hacer los huelguistas- quizá sea llegado el momento, y aparte cuándo se resuelva el problema, de insistir en la necesidad de una ley de huelga que permita ensamblar derechos compatibles tales como el de los trabajadores a parar y el de los ciudadanos restantes a no convertirse en sus rehenes. Porque eso es lo que son, en esta y en circunstancias parecidas.

Así las cosas hay otra reflexión oportuna: la de recordar que la legislación actual en la materia es preconstitucional y de las pocas que no han visto cambios, o los que vieron se han limitado a retoques para no agravar más aún los problemas que en el fondo no puede resolver. Dicho de otro modo, que lo que hay es, aparte de inservible, inexplicable en tiempos en los que, como éstos que corren, todo quisque predica la necesidad de adaptar las normas que rigen la sociedad a la realidad misma de los colectivos regidos por ellas. Dicho sea sin ánimo de incordiar.

Y que nadie se llame a engaño: esa necesidad de actualizar es tan obvia en una huelga antipática, impopular como lo es esta del SEPLA como en otras que ha habido en sectores diferentes de la actividad laboral y que de facto han condicionado la vida, la hacienda y la libertad del resto de los ciudadanos. Tesis que nada tiene en contra del derecho constitucional a la huelga, que es un argumento frecuente en quienes quieren confundir el trasero con las témporas para luego obtener determinadas conclusiones erróneas, sectarias o simplemente malintencionadas.

Se ha dicho, y probablemente con razón, que el sistema actual, aunque mejorable, tiene en sí mismo soluciones para la regulación de los conflictos y que de hecho el establecimiento de los servicios mínimos constituye una garantía para todos. Pero ésa es la teoría: en la práctica se demuestra que o bien esos servicios son abusivos o inaplicables, y que cuando, por una u otra causa, se recurren, el fallo judicial llega una vez que el conflicto terminó, los problemas cesaron y las aguas volvieron a su cauce. Y así hasta la vez siguiente, en que se repite la historia.

En este punto conviene decir otra cosa: Galicia es, en términos estratégicos, extraordinariamente dependiente de la compañía "Iberia" para los viajes aéreos, y por tanto cualquier conflicto afecta de forma directa a sus intereses como país. Cierto que algo parecido podrían alegar otras Comunidades, pero no en todas se da la asimetría de aeropuertos que aquí hay y por tanto las desiguales oportunidades para resolver las cuestiones. Y eso es algo que -también- diferencia a esta Comunidad de otras, y que debe ser contemplado y tenido en cuenta, y cuanto antes mejor.

Por cierto: esa contemplación no necesariamente ha de ser en términos soberanistas, pero sí imprescindiblemente gallegos. Y con una reforma del Estatuto por delante, algo habrá que incluir en su texto.

¿No?