El paro del transporte

El gobierno y las asociaciones profesionales de transporte de mercancías por carretera firmaron un acuerdo para poner fin al paro patronal que había paralizado la industria, el comercio, y casi desabastecido el país, pero la paz no parece haber llegado al sector. El conflicto continúa en varias provincias, y trece camiones que portaban vehículos nuevos han sido incendiados.¿Qué pasa aquí?, se pregunta la gente. Muy sencillo, el acuerdo -aunque firmado por todas las asociaciones- favorece fundamentalmente a la gran patronal, encuadrada en la CEOE. Ella es la que controla la comercialización de la carga y al mismo tiempo a gran número de los auto-patronos que trabajan a su servicio, en muchos casos al límite de la rentabilidad. Su papel es fundamentalmente intermediario, por cuanto apenas dispone de vehículos propios y se limita a subcontratar los que necesita. Adviértase que, por ejemplo, entre las 77.958 empresas españolas propietarias de grandes camiones, el 55% sólo tiene un vehículo; el 16%, dos; el 10%, tres; y apenas un exiguo 0,2%, entre cuarenta y uno y sesenta. Son cifras oficiales expresivas, pero todavía más contundentes en el caso de los camiones ligeros, entre los que la proporción de propietarios de un solo vehículo llega al 73,03%. Y si a todo ello le añadimos el dato de que el 86% de la toneladas trasportadas -incluido el tren, el avión, el barco y el oleoducto- pasa por la carretera, llegaremos fácilmente a la conclusión de que el buen funcionamiento del comercio en España depende de los transportistas, o de los camioneros, como antes se les llamaba. Cargar -nunca mejor dicho- toda esa responsabilidad sobre la espalda de unos auto-patronos que difícilmente pueden pagar las letras del camión que han comprado a plazos es , sencillamente, una temeridad. Y todavía lo es más permitir que el control de la carga y los beneficios de su contratación dependa de unos intermediarios, que, autoproclamándose transportistas, ni tienen camiones, ni los conducen. La liberalización del transporte acabó con las antiguas tarifas y los precios por servicio han caído por debajo de los costes corrientes de explotación. Las asociaciones que representan a la mayoría de los modestos habían solicitado a las autoridades que sancionasen a los que aceptaran trabajar en esas condiciones. Pero, ¿ quien le pone el cascabel al gato en una economía capitalista? Me temo, pues, que gran parte de los acuerdos que se firmaron ahora se conviertan pronto en papel mojado. En cuanto al incendio de camiones, es bastante sencillo deducir que se trata de una represalia. La contratación del transporte de vehículos procedentes de las factorías automovilísticas está en manos de dieciocho intermediarios, que subcontratan camiones de otros, quizás a unos precios que no coinciden con los que acaban de acordar en una mesa de negociación. La única ley del transporte que se cumple en España es la ley de la selva. Lo sé por experiencia.