El premio

Pues la verdad es que, visto lo visto, no parece fácil discutirle razón al secretario general de Fegatramar cuando dijo que, en la solución de los conflictos sociales, a veces parece que se premia la violencia de los piquetes antes que la cordura de quienes buscan el diálogo. Cierto que el lamento resulta algo curioso al provenir de uno de los responsables del paro patronal que ha puesto en un puño a medio país, pero en todo caso es bastante cierto, y se equivocarían quienes, por lo primero dejaran de reconocer lo segundo.

(Se dice lo de la curiosidad, conste, no para faltarle al respeto al señor García Cumplido, sino porque para cualquiera que sepa de qué va el asunto resulta difícil admitir sin más la condición de incontrolados que siempre se adjudica a los piquetes. Y que puede que lo sean en la más absoluta teoría, pero que en la práctica no: el que más y el que menos sabe quiénes los forman y de qué van; lo que ocurre es que su actuación favorece a la causa, porque mete presión en la calle, y de ahí el silencio y el disimulo de los convocantes. Punto).

Sea como fuere, el lock out del transporte demuestra una vez más la urgencia de que se aborde una adecuación de la normativa que regula tanto este tipo de conflictos como el de las huelgas que afectan a servicios públicos básicos. Y no para restringir los derechos de quienes proclaman que su único instrumento eficaz es la presión, sino proteger mejor los de la mayoría. Porque sigue siendo cierto, aunque antipático para quienes se movilizan, que ninguna causa justifica que se tome como rehén a una sociedad entera.

A partir de ahí procede señalar que una buena parte de las exigencias de los transportistas resultaba del todo lógica, y si se compara su situación con la de otras actividades profesionales, más aún. Desde luego en lo que se refiere a los precios del gasoil -porque no tiene sentido que a ellos se les niegue lo que se concede a los sectores pesquero o agrario- pero no sólo en eso: las condiciones en que desempeñan su trabajo resultan del todo impropias de lo que se llama el estado del bienestar, y ya va siendo hora de que se le ponga remedio.

Claro que, quizá para demostrar cuánto existe de verdad en eso que se dice de que no hay mal que por bien no venga, el Gobierno debería aprovechar la oportunidad para dar solución definitiva a las carencias que afectan a un sector clave para la economía del país: el que corresponde a los trabajadores autónomos. Un mundo complejo y diferente, en el que se mezclan los que en la práctica son empleados por cuenta ajena con pequeños propietarios cuyos problemas son bastante más propios de los asalariados, y en el que todos están dejados de la mano de Dios y de la Administración. Y ahí, en la injusticia y la discriminación con que se les trata, está el germen de nuevos conflictos.

Y si no, al tiempo.