Uno de los elementos más llamativos de cuantos conforman hasta ahora el modus operandi de la Xunta es la calma -que si doña Carmen Gallego estuviese aún en la oposición sin duda llamaría docilidad- con la que la Consellería de Pesca se ha tomado el conjunto de descalabros que se anuncian para el sector. Hasta ahora, y salvo alguna que otra referencia teórica, parece como si la amenaza de NAFO contra la flota de altura, la perspectiva marroquí para la cefalopodera o la amenaza tailandesa para el sector atunero no fuesen con Galicia. Hosanna, pues.
Claro que eso, con ser malo, es -cumpliendo la primera ley de Murphy- manifiestamente empeorable: el señor secretario de Estado, Fragueiro, ha dicho que España hará "todo lo posible" para salvar los cupos de fletán. Pero como a la vez la UE manifestaba su intención de estudiar un adelanto en la fecha de expulsión, y don Martín no acompañó a su desideratum dato alguno tangible en contrario, el que más o el que menos está ya haciendo las maletas. Aunque no se sabe muy bien para dónde irá, salvo la oficina de empleo o -si tiene suerte- la jubilación anticipada.
Por nada de esto, en verdad, se puede imputar a la señora conselleira, es obvio. Pero a doña Carmen sí se le debe reclamar una actitud al menos tan viva, ágil y combativa como la que tenía cuando sólo era portavoz de pesca del grupo parlamentario socialista y exigía del señor López Veiga cosas que ahora parece tener en olvido. Puede que haya comprobado que no están en manos del Gobierno gallego, pero entonces debe decirlo, e incluso solicitar algún tipo de disculpa con efecto retroactivo; como muestra de cortesía, qué caramba.
En todo caso, sería lo de menos: ahora lo que se necesita es una posición diferente, casi beligerante, para defender la supervivencia de un sector que sigue representando para Galicia no sólo parte clave de su PIB, sino esencial en su tradición, en su cultura y en su definición como país. Es más que economía, es filosofía política -tanto o más que la reforma estatutaria-, y eso deben defenderlo quienes están ahora en la Xunta con el mismo fervor que cuando eran oposición antaño: y quienes lo son hogaño están obligados a colaborar. Por el país.
Algunos observadores, de esos que analizan casi siempre desde la racionalidad, podrían argumentar que lo que se plantea no es sino un derecho inútil al pataleo, cuyo ejercicio puede perjudicar frente a terceros mas que beneficiar. Algo que no es cierto, pero que si lo fuese habría de asumirse: lo que Galicia no puede permitirse es contemplar el desmantelamiento de su flota de altura creyendo que con cerrar los ojos y concentrar los recursos disponibles en la bajura está todo hecho. Eso es, a medio y largo plazo, una idiotez, e incluso podría llegar a ser un suicidio; así que a ver.
¿Eh...?
