En la ciudad de Arteixopolis (la potente urbe de servicios, de todas clases, que emerge en el noroeste atlántico) se ha derribado un edificio incluido en el catálogo de los especialmente protegidos por su valor artístico. Hubo algunas protestas de vecinos, arquitectos y concejales de la oposición, que dudaban de la legalidad del derribo, pero el alcalde, Paco Vázquez VI (se sucede a si mismo desde hace 23 años), ha manifestado que todas esas quejas son "infundios, mentiras y noticias falsas, ya que las obras han sido autorizadas por el propio ayuntamiento y las autoridades autonómicas". Es decir, por él mismo y por la administración saliente de la Xunta, con la que tan buenas relaciones mantenía. Algunos interpretan que la prisa en proceder a la demolición podría deberse al temor de que el gobierno social-nacionalista le negase lo que el conservador le autorizó, aunque yo creo, muy sinceramente, que se trata de comentarios maliciosos. En materia de urbanismo, demolición y descatalogación de edificios protegidos por su especifico valor artístico, el alcalde de Arteixopolis es una autoridad indiscutible. Tenemos muy reciente el caso del derribo del edificio del antiguo asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para construir una urbanización de lujo. También en aquella ocasión hubo protestas y manifestaciones de los eternos disconformes, pero la piqueta municipal tiró abajo las periclitadas instalaciones y sus ornamentos desfasados y lo dejó convertido en un solar. Dicen algunos maestros de obras que no todo está perdido porque dos o tres almas sensibles a los valores artísticos aprovecharon vigas, techumbres, mármoles y balaustradas para usos particulares con la noble intención de salvarlas del abandono. ¡Ojalá sea así! Y algo parecido sucedió también con el antiguo convento de las Adoratrices, a las que el ayuntamiento de Arteixopolis les negó unos aprovechamientos urbanísticos que luego autorizó a un promotor multimillonario amigo del alcalde. Y lo mismo con la llamada "casa del cura", otro edifico supuestamente artístico, que entorpecía la construcción de un aparcamiento subterráneo. Y ya no digamos con la casa del propio Paco Vázquez VI, un asunto polémico que motivó la intervención del ministerio Fiscal. Allí el alcalde se superó a si mismo. Primero, interfirió en la compraventa de la casa entre la ONCE y la SGAE, que ya estaba prácticamente consumada, y después, una vez se quedó con ella por el mismo precio, descatalogó la protección del edificio, lo derribó por dentro, ganó metros, cambió la fachada y, en una zona donde el metro cuadrado construido ronda el millón y medio de euros, declaró el valor de lo obrado en cuarenta millones de las antiguas pesetas, sobre una superficie de cerca de 1.500. Todo legal, según acreditó la Fiscalía, que no pudo probar el propósito de delinquir. Lo mejor que tiene nuestro sistema municipal es que permite legalizar casi todo dentro del ámbito de su competencia. Incluso, con efecto retroactivo.