Cuentan las lenguas bífidas que algunos de los conselleiros de la nueva Xunta modernizante y de progreso han roto a hablar en español -o castellano- en sus primeras comparecencias ante el público. Bueno, y qué.

Parece natural que un gobierno en el que el número de damas iguala al de caballeros utilice también esa equitativa medida a la hora de dosificar el uso de las dos lenguas cooficiales de Galicia. Del mismo modo que el ejecutivo se organiza sexualmente bajo el principio de la cremallera -un conselleiro, una conselleira-, ha de resultar lógico que se mantenga parejo equilibrio entre los que prefieren usar el gallego y los que optan por el español para dirigirse al público. Si así fuese, claro está.

Lamentan a mayores los más quejicosos el hecho de que los (pocos) conselleiros hispanohablantes utilicen, si fuese cierto, topónimos tan ajenos a la Ley de Normalización Lingüística como el de La Coruña (o "La Curuña", para decirlo con la galleguísima fonética de su alcalde Sir Paco Vázquez).

Pero, a fin de cuentas, esa es cuestión que está en los tribunales después de que el anterior gobierno de Don Manuel decidiera impugnar la desobediencia institucional del presidente -y sin embargo, amigo- de la República Herculina. A los jueces, que alguna sentencia emitieron ya, habrá que remitirse para saber si lo legalmente correcto es usar A Coruña, La Coruña o ambos términos indistintamente.

Otra cosa es la voluntad política, desde luego. Leyes al margen -aunque sean tan básicas como la de normalización del idioma-, el acuerdo firmado por las dos partes contratantes del actual gobierno establece que éste "empleará nuestra lengua de forma sistemática en todas sus comunicaciones orales y escritas". Lo que, aparentemente, debiera incluir las intervenciones públicas de cualquiera de los miembros de tal gobierno, ya sea en el solemne ámbito del Parlamento, ya en el más liviano de la apertura de un centro comercial o el pregón de una feria del pulpo.

Nadie en su sano juicio objetaría, naturalmente, el derecho de los conselleiros a usar la lengua que mejor les cuadre en su vida privada. De hecho, se da por sabido que el gallego es un idioma más bien litúrgico que los gobernantes y políticos en general utilizan solamente cuando hay micrófonos de por medio. Una vez que bajan de la tribuna del Parlamento o dejan de hablar para las cámaras, se da por sobreentendido que algunos -o muchos- de ellos cambiarán el chip lingüístico para volver a su lengua habitual que, generalmente, es el castellano.

Se trata, simplemente, de mantener las formas. Acaso por eso no deje de resultar algo contradictorio que el anterior gobierno conservador -al que nadie acusará de nacionalista- se ajustase mejor que el actual al guión de lo lingüísticamente correcto. Salvo alguna rara excepción, los conselleiros de Don Manuel usaban con mayor o menor soltura el gallego en sus comparecencias públicas, hasta el punto de que la política monolingüe de aquel gabinete ya cesado llegase a suscitar agrias críticas de algunos de sus correligionarios en la Corte madrileña.

Paradójicamente, la teoría del "bilingüismo armónico" esbozada por Don Manuel podría encontrar por fin su más cabal aplicación en un gobierno de mayoría socialdemócrata y fuerte componente nacionalista. Es ahora cuando los conselleiros parecen sentirse libres de utilizar la lengua que les pete en sus comparecencias públicas, a despecho de leyes, acuerdos partidarios y pactos de gobernación.

Habrá quien opine que los nacionalistas estarían subiéndose por las paredes si tal cosa ocurriera durante el antiguo régimen de Fraga; pero sería injusto suponer que su perspectiva cambió una vez que se han subido al coche oficial. Quizá no les ha dado tiempo aún para enterarse de lo que pasa.

anxel@arrakis.es