La decisión del Gobierno español de responder a la tragedia de Guadalajara con una nueva legislación, que pretende eliminar las circunstancias que pueden provocar fuego en zonas forestales, ha tenido el "efecto colateral" de prohibir numerosas fiestas populares en las que el fuego es protagonista porque sin él resulta casi imposible llevar a cabo la celebración gastronómica correspondiente. Desde luego no es una circunstancia exclusiva de Galicia, pues son muchas las Comunidades autónomas donde se está empezando a producir una especie de versión moderna del "motín de Esquilache", esta vez sin capas pero con la enconada defensa del derecho al churrasco en todo tipo de variantes.

Los "levantamientos" populares tendrían hasta su faceta humorística si no fuese por el hecho de que estamos hablando de unos riesgos que pueden acarrear consecuencias terribles. Desde luego está claro que la persona que se empeñó en comer carne a la brasa en Guadalajara no esperaba la tragedia que desencadenó, pero su gravísima imprudencia costó once vidas y provocó una catástrofe ecológica y social cuyas consecuencias se padecerán durante años.

En Galicia llegaron a estar activos ayer trece incendios y en uno de ellos perdió la vida un piloto de los servicios de extinción. Muy cerca, en Portugal, la plaga de fuegos sigue arrasando riqueza forestal y zonas residenciales.

Lo ideal es hacer compatible la tradición con la ley, pero cuando entran en conflicto a las autoridades no les queda más remedio que aplicar la legislación de forma rigurosa.

En el caso de Galicia, muchas de esas celebraciones populares, con el pulpo, la sardina, el cordero, o tantas otras alternativas gastronómicas como protagonistas, son fundamentales dentro del calendario festivo estival, pero se da la circunstancia de que muchas veces se desarrollan en parajes boscosos de gran valor e incluso próximos a zonas habitadas.

Sin duda una de las primeras tareas que deberá afrontar Manuel Vázquez, el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, será analizar la aplicación de ese decreto estatal que prohibe "encender fuego en todo tipo de espacios abiertos", hasta el 1 de noviembre, o incluso fumar en el monte. En principio, la Delegación del Gobierno ha comunicado que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de controlar la aplicación del decreto, lo que implica la denegación de permisos por parte municipal, igual que ha ocurrido con el departamento autonómico de Medio Ambiente.

En todo caso, sería conveniente que las autoridades y los promotores de estas iniciativas dialogasen al máximo para encontrar soluciones que hagan posible cumplir la ley y disfrutar de las tradiciones. Parece lógico, por ejemplo, que la comunidad de Montes de Beade sea la primera interesada en garantizar la máxima conservación de una riqueza forestal que desde hace más de dos décadas es uno de los principales patrimonios naturales de Vigo. Pero esta misma entidad defiende la celebración de una fiesta gastronómica donde aplican las máximas exigencias de seguridad y prevención.

A los responsables de Medio Ambiente se les debe exigir la máxima responsabilidad en el cumplimiento de la ley, sobre todo en una Comunidad, como la de Galicia, donde el azote del fuego es una amenaza que siempre acecha. Pero también hay que estudiar cada circunstancia para buscar alternativas fundamentadas que, si se aplican con absoluto rigor, permitan a los ciudadanos mantener tradiciones que hasta el momento hicieron compatible el disfrute al aire libre con el cuidado y la conservación de las masas forestales.