Muy recientemente, la tragedia del fuego manchego en el Alto Tajo hizo reconsiderar una de las grandes cuestiones prácticas de nuestra Constitución autonómica, a saber, si hay competencias exclusivamente autonómicas en las que el Estado español no tiene nada que hacer. Hubo otro tiempo, después de las tensiones políticas que condujeron y 'se liberaron' en el intento de golpe de estado del 23-F, en que se planteó algo parecido: si el Estado tenía prohibición de entrar en esas competencias exclusivas de las regiones-nacionalidades. Por entonces, para remediar lo que a muchos parecía un fallo de notables dimensiones, aparecieron loapas y loapillas correctoras o correctivas de aquella política del péndulo autonómico que alguna vez dejará de oscilar a uno y otro lado.

Pues bien, con la tragedia del Alto Tajo o de Guadalajara se vio en la práctica corriente la necesidad de que alguien, desde el Estado central, coordine los esfuerzos de los servicios que el Estado tiene para apagar grandes incendios. Y si hay media docena de incendios en la autonomía de Madrid y Esperanza Aguirre no puede compartir sus helicópteros, que puedan ser empleados los que habitualmente se estacionan en Andalucía o en Galicia, sin tener que comprar más helicópteros a disposición de los fuegos manchegos.

Sorprendentemente, no se escucharon voces de quienes reclamaran exclusividad total en esas tareas. Algo parecido ha sucedido cuando reapareció en el organigrama del Gobierno de Zapatero el Departamento de Vivienda. "Pero si las competencias en esa asignatura ya las tienen autonomías y ayuntamientos, esencialmente el suelo y su reparto y compraventa..., ¿para qué más burócratas y altos cargos?", nos hemos preguntado muchos. Y María Antonia Trujillo se ve en la necesidad de consensuar su Ley de Vivienda y su Ley del Suelo y su Sociedad Pública de Alquiler con quienes ya hace algunos años que ejercen todo tipo de función en esas materias.

La Trujillo dispone de dinero para repartir entre los Gobiernos autonómicos y ayuntamientos que asumen su 'doctrina' en materia de construcción de viviendas de protección oficial o de impulso a la fórmula del alquiler, o de ayudas a la primera vivienda para jóvenes, o de subvenciones a las 'soluciones habitacionales' de sólo 25 ó 30 metros cuadrados, que siempre hubo, pero que ahora pueden beneficiarse de ayudas oficiales.

Pues bien, en este progresivo ordenamiento de un 'estado joven', pero que va madurando, por fortuna, parece evidente la necesidad de que los viajes al extranjero también tengan una mínima coordinación, sobre todo para que no siga sucediendo lo que es evidente: la presidente de la Comunidad madrileña acaba de llegar a no se sabe cuántos acuerdos con el presidente colombiano Uribe, en el viaje de unos cuantos días realizado por aquellas tierras de guerrillas.

Es una tentación en la que cayeron a menudo Pujol o Fraga, promocionando en Japón, China, Argentina o Venezuela la marca Cataluña o la marcha Galicia. Como recientemente hicieron Maragall y Carod en el absurdo y ridículo viaje de la corona de espinas. ¿Qué política exterior tienen que hacer las autoridades autonómicas, o comisiones de parlamentarios, en viaje turístico oficial de nula utilidad y alto coste? Porque resulta evidente y demostrado que el beneficio de tales viajes a cuenta del tesoro público es nulo y su coste es radicalmente inútil y del todo injustificable para el contribuyente que abona esos extras a los políticos.