Cuentas municipales
El PP alerta de 1,8 millones en pagos de Cangas por servicios con el contrato caducado
El mayor caso es el del SAF, que sigue prolongado en interinidad tras un recurso presentado después de la adjudicación a una nueva empresa
Ediles del PP de Cangas en el pleno del mes de julio. | GONZALO NÚÑEZ
Añádenos en GoogleEl PP de Cangas desvela que la Conta Xeral de 2025 refleja el pago por parte del gobierno local liderado por el BNG de un total 1.791.975,55 euros correspondientes a servicios que se estuvieron prestando «sin contrato vigente ni concurso público en vigor». Los populares hablan de hasta 34 expedientes en esta situación y critican que no son «gastos puntuales» o circunstancias sobrevenidas, «sino una práctica continuada de prórrogas tácitas irregulares». Esta situación se debe al contar el Concello con contratos totalmente extinguidos y no sacar los nuevos pliegos a concurso público en tiempo y forma.
El principal partido de la oposición al gobierno tripartito lamenta que el Concello tenga «a las empresas trabajando en vía de hecho, una situación de precariedad que la propia Intervención y la doctrina jurídica equiparan a contratos verbales, expresamente prohibidos por el artículo 37.1 de la Ley de Contatos del Sector Público».
El caso más significativo es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que operó en esta situación «de irregularidad continuada» durante el ejercicio 2025. El primer intento de licitación del SAF había quedado desierto y este mismo 2026 se adjudicó finalmente el contrato pero el relevo de la empresa estuvo paralizado por un recurso especial presentado por la anterior adjudicataria, prolongando todavía a día de hoy la interinidad del SAF, un servicio con una facturación mensual de más de 10.000 euros y que atiende a mayores y dependientes del municipio en sus domicilios.
Los populares alertan de que el hecho de mantener prestaciones «sin soporte contractual» habría llevado a la Intervención Municipal a proponer formalmente en 15 de estos expedientes «la revisión de oficio por concurrir causa de nulidad de pleno derecho». La Intervención advierte además de que el «anómalo funcionamiento» puede acabar derivando en la exigencia de responsabilidades administrativas y patrimoniales para el Concello.
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