Afectados por el PIA del Saíñas reclaman al Concello de Cangas y al resto de administraciones otra ubicación para las 300 viviendas

Los vecinos que se constituyeron en Plataforma de Afectados y se oponen al Proxecto de Interese Autonómico (PIA) SAUR-2 Río Saíñas, que impulsa la Consellería de Planificación de Infraestruturas e Vivenda se reunieron este martes con el concejal de Medio Ambiente e Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias (BNG). El nacionalista alegó que la aprobación del pleno municipal del mes de mayo «fue solo el ámbito de actuación, es decir, la zona geográfica del río Saíñas». La plataforma reitera su rechazo a levantar las 300 viviendas en ese emplazamiento.

Los vecinos preguntaron las razones por las que no se expropian en otras zonas «igualmente propicias» para edificar las 300 viviendas y proponen el área de la fábrica de Massó, «sin desarrollar desde hace décadas». Recogieron, de Antón Iglesias, la explicación de que la Xunta «solo ofreció como única posibilidad el área del río Saíñas, a pesar de tener otras opciones que le fueron ofertadas». Aseguró que de no aceptar la opción «no se haría nada», en referencia a la urgente necesidad de vivienda que tiene todo O Morrazo.

Los propietarios de terrenos en el ámbito afectado consideran «inaceptable» el precio que se pretende pagar por sus fincas, pues recurren a lo que se está abonando en otros PIA de Galicia por metro cuadrado, al estipular la Ley entre 2 y 10 euros.

Defienden, desde este colectivo, que si el PIA es para todo O Morrazo se deberían construir viviendas en Bueu, Cangas, Marín y Moaña «y no concentrar todas en un mismo lugar, como se pretende». Piden priorizar áreas rescatadas en su día por el Estado con dinero público.

El compromiso que arrancaron del concejal de Urbanismo es que el grupo del BNG votaría en el pleno «en contra del proyecto» en el caso de que no se respete la propuesta de la promoción pública al 100% y existiese algún porcentaje de edificaciones para promoción privada. Señaló también que el proyecto de las obras no está ni siquiera planificado todavía.

La plataforma de afectados, tras la reunión, insiste en que no se opone a la construcción de vivienda protegida ni a políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, pero centran su posición en defender que la localización escogida para desarrollar este PIA «no es la más adecuada desde criterios ambientales, ecológicos, sociales y territoriales». Reiteran, los integrantes del colectivo, su disposición al diálogo con las administraciones implicadas para buscar soluciones que permitan compatibilizar «el derecho a la vivienda con la protección del patrimonio, del paisaje y de los recursos naturales».

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