El PP denuncia que seis de cada diez euros gastados por el Concello de Cangas en 2025 se pagaron con informes desfavorables

Seis de cada diez euros gastados por el Concello de Cangas en 2025 se abonaron haciendo frente a informes técnicos desfavorables. Esa es la principal conclusión que extrae el Partido Popular de los informes de control de la Conta Xeral del año pasado, un documento, que, señala, «refleja una gestión municipal completamente desbordada y sostenida en la irregularidad». El principal grupo de la oposición asegura que la Alcaldía «recurrió de forma sistemática al decreto para anular las advertencias de los propios técnicos municipales», para abonar un total de 11,6 millones de euros a través de 184 levantamientos de reparo.

El PP manifiesta que el gobierno local «trata de vender como un éxito un superávit que es totalmente falso», toda vez que, en su opinión, «no es fruto del ahorro ni de la buena administración, sino de recurrir al rodillo para pagar servicios al margen de las normas». Señala, en este sentido, que «las irregularidades no fueron casos aislados», y responden a un proceder habitual «en prácticamente todas las áreas municipales». La de Personal es la que concentra el mayor volumen económico, con más de 7,3 millones de euros pagados bajo reparo, algo que los populares achacan a la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), al abuso de contratos temporales para cubrir puestos fijos y al reparto «opaco» de complementos salariales «sin criterios objetivos».

Asimismo, las compras y servicios diarios supusieron otros 3,9 millones de euros abonados con informes técnicos contrarios «por operar con contratos caducados, obras sin proyectos técnicos y prórrogas que la ley prohíbe». Las ayudas municipales es el siguiente elemento puesto de manifiesto por el principal grupo de la oposición, con la distribución de más de 432.000 euros «a dedo y sin un plan estratégico previo».

La falta de contratos en vigor, continúa el PP, supone un perjuicio económico importante para el Concello, que ejemplifica con el suministro eléctrico municipal. Afirma la formación que el Concello ha estado consumiendo energía «en precario y sin licitación ordinaria», lo que en la práctica significa una penalización económica de «en torno al 20 por ciento en las facturas de la luz». De este modo, sobre un gasto total de 548.833 euros en el año 2025, el sobrecoste asciende a los 91.400. O lo que es lo mismo, tal y como señala el PP, más que todo el presupuesto anual destinado al mantenimiento de parques y jardines (81.331 euros) o el doble de los fondos destinados a ayudas de emergencia social para familias vulnerables en ese mismo ejercicio (46.569 euros).

A todo ello se suman 34 expedientes de omisión de control con un valor global de casi 1,8 millones de euros en servicios esenciales que se prestaron «sin contrato ni concurso público previo». Entre ellos están algunos tan esenciales como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), la grúa municipal, el tratamiento de residuos o el mantenimiento de ascensores, que, según los populares, «funcionaron mediante acuerdos verbales, a pesar de estar expresamente vetados por la administración».

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