Denuncian que Moaña impide el uso de un bajo comercial por irregularidades de un edificio en el que sí permite vivir

Los responsables del estanco de A Xunqueira, en Moaña, acudieron a una abogada al negarle, el Concello, la licencia de actividad y por lo tanto el traslado de su negocio a uno de los bajos comerciales del inmueble de la Avenida da Xunqueira número 63. El argumento de la Administración radicaría en que el edificio no tendría la licencia de primera ocupación, tal y como se les comunicó en 2017 y como un informe del arquitecto municipal ratificaría en 2019 debido a que «la edificación no se corresponde con el proyecto básico para sótano, planta baja, dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta para 24 viviendas».

Sin embargo, los propietarios de uno de los bajos comerciales y perjudicados alegan que el Concello viene «consistiendo, tolerando, o no impidiendo de forma efectiva, la ocupación de las viviendas existentes en dicho inmueble, permitiendo su uso residencial». Muy distinto es lo que ocurre con respecto al local comercial, pues su propietario vio impedida su apertura.

Al considerar que existe una «dualidad de criterio municipal gravemente contradictoria y carente de racionalidad alguna», la defensa del propietario del bajo remitió un escrito dirigido directamente a la regidora, Leticia Santos, en el que pide aclaraciones y no descarta iniciar acciones penales contra el Concello «de no adoptarse las medidas necesarias para restaurar la legalidad y garantizar un tratamiento igualitario».

Para no acudir a la justicia, el escrito pide de la Alcaldía que se informe expresamente de si el inmueble mencionado dispone o no de licencia de primera ocupación u otro título habilitante equivalente. Que se facilite a la abogada el acceso al expediente administrativo relativo a dicho inmueble incluyendo licencias, informes técnicos y jurídicos. También que se explique «de forma motivada» por qué se consiente el uso de las viviendas y se impide la apertura del local comercial y que, en su caso, se depuren las responsabilidades pertinentes si ha existido una «aplicación selectiva, desigual o arbitraria» de la normativa urbanística.

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