El Tribunal de Instancia de Cangas llama al concejal Antón Iglesias a declarar como investigado en la causa del ciberataque

Dos años después de que Fiscalía de Pontevedra, a tenor de una denuncia interpuesta por el Partido Popular, asegurara de que veía indicios de cuatro delitos en el ciberataque que se produjo en Cangas el 19 de mayo de 2023, la titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Cangas de Morrazo llama a declarar al hoy concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), que cuando se firmó el contrato de urgencia que está en entredicho para la recuperación de los datos con la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. no tenía ninguna concejalía asignada. Además la persona que firmó el contrato fue la propia alcaldesa. El administrador de la empresa ya declaró ante el Fiscal, como lo hizo también el interventor. Pero la jueza no abre la causa por cuatro presuntos delitos, sino por unos solo, el de delito leve por prevaricación administrativa. La causa se dirige contra Marcos F.S.E, EVELB Técnicas y Sistema S.L.

Antón Iglesias debe comparecer ante la jueza el próximo día 1 de octubre de 2026, a las 100 horas, "a fin de prestar declaración en calidad de investigado, sobre supuesta prevaricación administrativa ocurrida el 28 de febrero de 2024". Además de acusar la Fiscalía, también se personó en el caso Alternativa dos Veciños, ligada a la excaldesa Victoria Portas, que era la persona que gobernaba Cangas cuando se produjo el ciberataque. El gobierno local estudio en su momento denunciar a Victoria Portas, bajo la acusación de que la seguridad digital que mantenía era insuficiente. Esta demanda todavía no se descartaba hasta hace poco, aunque hay que ver si no está prescrita esta posibilidad.

La jueza hace saber al citado concejal que debe comparecer asistido por abogado. También se le apercibe que tiene la obligación de comparecer y que, de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención".

El pasado mes de abril, el mencionado Tribunal de Instancia de Cangas se dirigió al Concello para requerirle información sobre el contrato que tenía con al empresa EVELB Técnicas y Sitemas S.L., qa quien el Concello contrató por vía de urgencia los trabajos para la recuperación de los sistemas que había secuestrado ramsoware <lockbit 3.0>. Era una contrato de urgencia que por un importe de 197.847,17 IVA incluido. El contrato lo firmó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que hacía poco tiene que había llegado al cargo. La jueza solicitó copia del acta donde se había adoptado el acuerdo (no la hay porque el asunto no fue a pleno ni a junta de gobierno) y pidió también copia de las facturas con número 318/23 y 338/23 d fechas de 1 de julio de 2023 y 14 de julio de 2023, respectivamente, giradas al Concello de Cangas. También solicitó copia de las facturas con número 324/23, 335/23 y 386/23, de fechas de 4 de julio de 2023 y 14 de julio de 2023.

El ciberataque se produjo el 17 de mayo y los autores solicitaban una determinada cantidad en bitcoins, de lo contrario amenazaba con vender los datos para que puedan ser utilizados en una página Tor (materia oscura). El ataque bloqueó los servidores de dominio y no funcionaban los programas externos, como el de contabilidad, gestión tributaria y elaboración de nóminas. El anterior gobierno dirigido por Victoria Portas pagó a la empresa que gestionaba el software de las nóminas para que los trabajadores pudieran cobrar. Esto fue posible gracias a que la mencionada empresa tenía una copia.

El gobierno de Cangas ante una encrucijada política

La fecha de comparecencia de Antón Iglesias ante la jueza que instruye la causa coincide con el mes en el que el BNG de Cangas tiene que trasladar a la Nacional quien encabeza la candidatura y quienes son sus miembros más destacados. El BNG podría tener que alterar su calendario dependiendo de esta comparecencia, que, además, puede ser que no sea la única. Porque tras llamar a Antón Iglesias a declarar en calidad de investigado, cuando su firma no está por ninguna parte y no tenía aún una concejalía asignada, no se descarta que la jueza llame a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gstido (BNG) porque ella si firmó el famoso contrato sobre el que existen todas las sospechas para el Partido Popular y para Alternativa dos Veciños. La actual concejala de Facenda del Concello de Cangas, la también nacionalista, Xiana Abal, no era ni tan siquiera edil cuando se firmó el contrato. Ella ocupó el puesto que dejó libre Óliver Álvarez (BNG), tras dimitir como consecuencia de una enfermedad que le aquejaba. Fuentes nacionalistas manifiestan que el BNG no va a impedir a la actual alcaldesa de Cangas a repetir como candidata a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, ni tampoco a Antón Iglesias, por mucho que se les declare investigados. Desde que el PP denunció el caso, la portavoz nacional Ana Pontón siempre manifestó en privado su apoyo a los concejales del BNG de Cangas en este caso.

Es un caso que incumbe principalmente al BNG, ya que ningún miembro del PSOE o de EU aparece en algún documento. El contrato fue firmado por una sola persona, si bien es cierto que Araceli Gestido adoptó la decisión tras consultar con sus socios y lograr su respaldo. Es más, la actual portavoz del grupo municipal del PSOE, Sagrario Martínez, no formaba ni tan siquiera miembro de la junta de gobierno, que aquel momento estaba su antecesora en el cargo, Iria Malvido.

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