El Concello de Cangas, pendiente de un informe topográfico para legalizar la ampliación del cementerio de Coiro

La legalización de la ampliación del cementerio de Coiro está mucho más cerca de convertirse en una realidad dos décadas más tarde. El Concello de Cangas ha alcanzado un acuerdo definitivo con los propietarios de la parcela "invadida" en su momento para la construcción de más nichos, y tan solo está pendiente de resolver diversas cuestiones administrativas para formalizar la compra y dar carpetazo a un asunto enquistado desde hace varios mandatos.

El gobierno local encargará en los próximos días un estudio topográfico de la parcela para definir su superficie real, toda vez que existen discrepancias entre los datos que posee el Catastro y otros documentos. Si bien no hay una diferencia notable en cuanto a los metros cuadrados reflejados en uno y otro lugar, sí es necesario ajustar el área real a efectos legales una vez el concello proceda a inscribir la finca a su nombre. A partir de ahí el proceso debería acelerarse y únicamente quedarían por solucionar cuestiones de tipo burocrático que dependen directamente del ámbito municipal, como los informes técnicos que den validez a la operación.

En todo caso, la definición de la superficie real de la parcela -en torno a los 300 metros cuadrados- no afectaría a la compra de la misma, ya que el acuerdo entre el concello y la propiedad es por un precio fijo, independientemente de los metros cuadrados finales que determinen los técnicos. La idea es que estas gestiones no se prolonguen en exceso en el tiempo, pero desde el ejecutivo cangués se apuesta por la cautela ante los precedentes fallidos a la hora de resolver este asunto que, además de devolver a la legalidad el cementerio, permitiría habilitar una entrada más accesible que la actual, con escaleras empinadas que dificultan su uso por parte de personas con problemas de movilidad.

La anómala situación que lleva arrastrando Cangas tiene su origen en el año 2005, cuando se procedió a ejecutar una ampliación en el camposanto. Poco después, el dueño de una de las parcelas afectadas denunció que había llegado a un acuerdo verbal con el gobierno cangués para cederla a cambio de una serie de contraprestaciones, pero que el concello no había cumplido con su parte. Por ello, acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Juzgado paralizó las obras a mediados de 2006, pero después dio la razón al concello al entender que el pacto con el dueño de la parcela estaba vigente.

Sin embargo, en 2007 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estimó el recurso de apelación y dictó sentencia, condenando a la Administración Local a la demolición de las obras realizadas, entre ellas los 60 nichos construidos, y a dejar la finca en su estado anterior. El fallo era firme, sin posibilidad de presentar recurso alguno.

Desde entonces, los diferentes gobiernos locales de Cangas han intentado alcanzar un acuerdo con la propiedad, algo que no fue posible hasta ahora por divergencias entre la valoración económica determinada por el justiprecio y las pretensiones de los dueños en función del supuesto valor de mercado. Será ahora cuando finalmente se pueda resolver el asunto y legalizar la ampliación del cementerio.

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