El PP pide la dimisión de Leticia Santos por «perder» 289 viviendas públicas en Moaña

La decisión del gobierno local de Moaña de no aceptar la cesión gratuita de los terrenos de la Sareb dentro del ámbito del plan parcial A Xunqueira A2 y pedirle que se cedan directamente a la Xunta de Galicia para que construya vivienda social todavía colea en el debate político de la villa. No en vano el portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, exige «responsabilidades políticas directas a la alcaldesa, Leticia Santos», por la posible pérdida de 289 viviendas públicas en la zona de As Raíñas. Asegura que si esto ocurre es «en exclusiva por su mala gestión».

El principal grupo de la oposición pide a la regidora que «rectifique» y trate de recobrar este acuerdo «tan beneficioso para los vecinos» o que en caso contrario «presente su dimisión».

Considera, el PP, que la propuesta de la Sareb de ceder los terrenos gratuitamente al Concello era una «oportunidad histórica» y que suponía una tramitación muy sencilla para que posteriormente se pusieran a disposición de la Xunta «que ya había anunciado su compromiso de construir vivienda pública, por fases, en este entorno». Piñeiro asegura que la decisión del gobierno local «no la entiende nadie».

La explicación que considera plausible, el portavoz del PP, es que el ejecutivo del BNG incurriese «en una actitud de obcecación y cerrazón» para no asumir responsabilidades. Añade que no aceptar una oferta tan beneficiosa «solo obedece a una política sectaria que cansa a los vecinos». Asegura que la decisión «lleva al Concello al abismo».

Justifica, el PP, la petición de dimisión porque «la actuación en este asunto fue lamentable, si la gestión que pueden esperar los moañeses de la alcaldesa es la de quien pierde una inversión millonaria en el ámbito de mayor necesidad, como es la vivienda». Entiende, Piñeiro, que la asamblea abierta sobre este asunto del lunes será la «reunión de la vergüenza» pues adelantaron que solo va a ofrecer excusas y tratar de eximir sus responsabilidades». Discrepa con el argumento del ejecutivo local de que la vivienda no es una competencia municipal «porque sí va a construir 10 pisos públicos en Sisalde en el marco del proyecto de miniauditorio».

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